El fiscal pedirá mañana la suspensión de la declaración de la infanta Cristina

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach va a pedir mañana la suspensión cautelar de la declaración de la Infanta Cristina. Lo hará junto al recurso que planteará contra la imputación de la Duquesa de Palma.

Según fuentes fiscales, se va a solicitar para garantizar que el interrogatorio no se lleve a cabo antes de que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares resuelva si admite el recurso del Ministerio Público.

Fuentes jurídicas estiman que es altamente probable que el juez José Castro admita la suspensión hasta conocer la resolución judicial. La Fiscalía ya ha anunciado que va a recurrir el auto del instructor por la falta absoluta de indicios de hecho delictivo alguno contra la infanta en el caso Noos.

Las mismas fuentes jurídicas señalan que en circunstancias normales hay plazo suficiente para que se resuelva sobre la imputación antes del instructor 27 de abril que está citada como cooperadora necesaria de todos los delitos presuntamente cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin.

La infanta Cristina se enfrentaría a cuatro años de cárcel en el caso de que su imputación siguiera adelante y acabara sentada en el banquillo de los acusados junto a su marido, Iñaki Urdangarin. A pesar de que la Fiscalía Anticorrupción ya ha anunciado que va a recurrir la decisión del juez José Castro de imputar a la hija del Rey, en la causa está personado como acusación el sindicato Manos Limpias, que sí apoya al instructor.

Esta acusación solicitará, en caso de llegar a juicio, en torno a los cuatro años de prisión como cooperadora necesaria, cómplice y encubridora de las actuaciones delictivas del duque de Palma. Según el artículo 28 del Código Penal, serán considerados autores de un delito los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado. Por tanto, la Infanta sería penalmente responsable de los mismos delitos que su marido aunque los años de condena pueden variar dependiendo del grado de implicación. Los delitos son fraude, prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

El juez le ha citado para declarar el próximo día 27 y tendrá que hacerlo si la Audiencia Provincial de Baleares no estima el recurso que presente el Ministerio Público. Será la Sección Segunda del órgano judicial la que deba resolver el escrito, presidido por Diego Gómez-Reino.

El recurso de la Fiscalía

Fuentes jurídicas explican que es muy poco habitual que la Fiscalía recurra una imputación adoptada por un instructor; de hecho, son contadas las ocasiones que esto ha ocurrido, aunque cierto es que está en su derecho legal hacerlo. Fuentes fiscales apuntan al malestar del fiscal del caso, Pedro Horrach, por la decisión del juez sin contar previamente con su criterio y sin esperar a la petición de imputación de la acusación, que ya la estaba ultimando. Estas mismas fuentes sostienen que el auto del instructor ha sorprendido a Anticorrupción, que hasta entonces iba de la mano el juez en este caso.

La Fiscalía presentará su escrito en los próximos días y una vez que llegue a la Audiencia Provincial, esta deberá formar una Sala de tres magistrados. En el caso de que no diera tiempo a resolver antes de la fecha indicada por Castro, no se descarta que se pudiera suspender la declaración hasta la resolución.

Acceder en coche y evitar la ‘pena de telediario’

Si el tribunal estima que el auto el instructor está correctamente fundamentado, doña Cristina tendrá que repetir la imagen de su marido entrando en los Juzgados de Palma. Aun así, podría evitar hacer el ‘paseíllo’ y entrar en coche directamente por el garaje. Esta opción ya se la ofrecieron a Urdangarin cuando fue citado el 25 de febrero del pasado año, aunque el yerno del Rey la rechazó.

Fue el juez decano de Palma quien, valorando los requerimientos sobre seguridad planteados por la Policía, autorizó, con carácter excepcional y por estrictas razones de seguridad, su entrada en coche. Se espera que la Infanta tenga el mismo trato ante la fuerte expectación mediática, tanto nacional como internacional, en los alrededores del juzgado ese día.

El propio juez explica en su auto que la fecha elegida para la declaración ha sido en sábado, al igual que el resto de imputados, precisamente por razones de seguridad, “en la medida que se hace imprescindible el montaje de un alto dispositivo policial incompatible con el normal desenvolvimiento de un día laborable en el edificio de los Juzgados”.

La carrera judicial apoya a Castro

Desde que en julio de 2010 el instructor abrió la pieza separada del sumario Palma Arena, el nombre de la Infanta ha sobrevolado en el caso Noós. Sin embargo, los rumores sobre su posible imputación se hicieron más fuertes a raíz de la última declaración del socio de Urdangarin, Diego Torres, el pasado 16 de febrero, quien sostuvo ante el juez que los miembros de la Junta Directiva del Instituto Noós, de la que formaba parte doña Cristina, participaban en la toma de decisiones y revisaban las cuentas como cualquier miembro de cualquier otra asociación profesional. Todos habían participado de forma activa en las labores del instituto, según el imputado.

En este y otros trece indicios se ha basado Castro para sustentar el auto de imputación, que la carrera judicial apoya. Las tres asociaciones de jueces defienden al instructor y mantienen que se trata de un juez independiente que ha actuado tras considerar que existen suficientes indicios de delito motivados ampliamente. El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, explica que esta decisión es una demostración de que nadie está por encima de la ley y esta imputación era obligatoria una vez que el instructor tiene suficientes indicios de una posible participación de la infanta en los hechos delictivos. A su juicio, hay suficientes datos objetivos para sospechar que Cristina de Borbón sabía que se estaba utilizando el nombre de la Casa Real para obtener contratos públicos.

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), su presidente, Pablo Llarena, defiende la independencia judicial y recuerda que se tratan de indicios que a partir de ahora deben ser corroborados mediante una investigación para certificar si las sugerencias de las que habla Castro son ciertas y si pueden suponer una responsabilidad penal.

Por su parte, el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, José Luis Armengol, aclara que esta imputación es una demostración de la “grandeza del Estado de derecho” y de que todas las personas son iguales ante la ley.