Rajoy impulsará en el primer trimestre las reformas que aplazó por las elecciones de otoño

El Gobierno empieza el año con la intención de recuperar el tiempo y el impulso perdido en los últimos meses de 2012. De hecho, Mariano Rajoy ha incluido en sus planes de reformas para 2013 varios proyectos aplazados o estancados desde el verano, como es el caso de la nueva ley de régimen local para racionalizar y ahorrar en los ayuntamientos o las medidas para recuperar la unidad de mercado. Las elecciones autonómicas en Galicia, el País Vasco y Cataluña han influido en los retrasos tanto como la complejidad de las normativas o las resistencias internas en el PP. Ahora se abre un periodo de año y medio sin comicios a la vista que permiten al Ejecutivo aplicar esas reformas sin estar pendiente de su influencia inmediata en las urnas.

“Tenemos todavía por delante un año muy duro, especialmente en su primera mitad, y tenemos que perseverar en las reformas que hemos emprendido”, dijo ayer desde el Palacio de la Moncloa el jefe del Ejecutivo. Se refería a la política económica, pero sus palabras también eran aplicables a los cambios que necesita la estructura del Estado para ser financieramente sostenible y políticamente viable por la vía de poner coto a sus disfunciones y aclarar competencias entre las distintas administraciones.

El Ministerio de Hacienda elaboró el pasado verano una reforma de la administración local para reducir gastos, concentrar y aclarar competencias entre diputaciones, ayuntamientos, cabildos y mancomunidades que fue frenada por los propios alcaldes del PP además de por los del PSOE. Cuatro meses después siguen las negociaciones entre el Ejecutivo, el PP y la Federación Española de Municipios. Rajoy ha preferido dejar la reforma para el arranque de 2013 para ver si puede haber un acuerdo y ahora lo vuelve a poner como su prioridad para el primer semestre del año.

Por su lado, el Ministerio de Economía tiene preparado desde septiembre un proyecto de ley para que España pueda recuperar la llamada “unidad de mercado” fragmentada por el Estado de las Autonomías. El texto pasó después por el de Hacienda, pero acabó ‘hibernado’ entre las citas electorales adelantadas en Galicia y el País Vasco y el desafío independentista de Artur Mas en Cataluña, que también incluyó comicios anticipados. El proyecto pretende poner coto al ‘reino de taifas’ de leyes, reglamentos y tasas autonómicas en el comercio interior. Que un único permiso valga para toda España sea la administración que sea la que lo dé es el principio que inspira la reforma.

Los empresarios catalanes piden unidad bajo cuerda

El choque con los nacionalistas estaba servido. La Generalitat, antes de las elecciones, llegó incluso a anunciar nuevos controles internos en Cataluña con el argumento de que en la comunidad los negocios y el comercio tenían características propias ajenas al resto de España que obligaban a reforzar su intervención y evitar la liberalización que pretende el Gobierno central. Frente a esa posición de los nacionalistas en el poder, las principales asociaciones empresariales animaban al Ministerio de Economía a impulsar la legislación nacional en la materia. Las empresas catalanas son las más interesadas en que se unifiquen normativas y permisos porque son las firmas españolas que más venden fuera de sus zonas de origen.

La ley de unidad de mercado ha llegado ya a la mesa del Consejo de Ministros para su discusión (afecta a varios ministerios) y en fuentes gubernamentales esperan que sea aprobada en enero. Rajoy citó ayer ese texto como una de las reformas estructurales del próximo año, junto con la nueva normativa de las mutuas de trabajo. Al mismo tiempo anunció ayudas a las pequeñas y las medianas empresas para facilitar el acceso al crédito y apoyos para que puedan exportar.

Sobre la aplazada reforma de la administración local, el presidente del Gobierno dio por hecho su aprobación inmediata. Por el contrario, no movió el plazo que se ha tomado el Ejecutivo para los cambios generales en la Administración, pendientes de un estudio que coordinado por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, no estará listo hasta el próximo verano. Rajoy destacó que esa reforma del Estado es uno de los más grandes retos de su gabinete, una de las tareas más complejas que se abordan en España desde 1978, fecha de entrada en vigor de la Constitución.