Wert y el PP catalán negocian cómo dar marcha atrás al blindaje del castellano en la Lomce

Al ministro de Educación se le ha vuelto a abrir un nuevo frente interno con el Partido Popular a cuenta del blindaje del castellano por ley en las comunidades bilingües. Una improvisación de última hora introducida por Wert en el penúltimo borrador de la reforma educativa que ha generado una rebelión sin precedentes en Cataluña (el propio Mas ha anunciado ya que la incumplirá y recurrirá al TC) y ha sembrado un enorme malestar en otras comunidades del PP como Baleares. 

La última en sumarse a este nuevo incendio ha sido la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, que ha anunciado este miércoles que se reunirá la semana que viene con el ministro para negociar modificaciones en el borrador de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Un gesto más que evidencia la soledad con la que Wert sigue gestionando la reforma y el escaso apoyo interno con el que cuenta dentro del partido, pese a que, el pasado fin de semana, se reunió con todos los consejeros del PP para consensuar un texto de cara a la conferencia sectorial de ayer. 

En rueda de prensa, Camacho ha explicado que tras hablar con el propio ministro y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha concertado esta cita -previsiblemente este lunes en Madrid- para abordar, entre otros aspectos, la proporción de catalán y castellano que debe contener la enseñanza en Cataluña. "Intentaremos mejorar el texto que no ha querido negociar el Govern", ha continuado Camacho, que ha censurado que la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, plantase este martes la reunión sectorial de Educación disgustada con la reforma que impulsa el Gobierno y que, a su juicio, pone en peligro el modelo educativo catalán.

Wert, por su parte, ha negado hoy que su departamento haya dado marcha atrás en su posición sobre el tratamiento del catalán y ha explicado que se ha incluido que las evaluaciones finales de ESO y bachillerato tengan también pruebas sobre las lenguas cooficiales autonómicas y el resto, ha agregado, es "esencialmente una clarificación de una situación que técnicamente estaba muy oscura". 

La enésima improvisación alimenta la rebelión de las CCAA

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, tendrá que volver a convocar, por tercera vez, a todas las comunidades autónomas el próximo 19 de diciembre después de que ayer volviera a sufrir un nuevo plante de los consejeros del ramo ante el último borrador de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE). Un texto con importantes novedades para la  reforma como el blindaje del castellano por ley en las comunidades bilingües o que vuelve a imponer la alternativa entre Religión y Ética como obligatoria. Sin embargo, el Ministerio no se lo adelantó a las comunidades hasta el pasado lunes, apenas 24 horas antes de la conferencia sectorial que debía dar el visto bueno al anteproyecto de ley. Es más, el propio Wert puso ayer sobre la mesa de la reunión un nuevo borrador, y va ya, oficialmente, el tercero para esta misma ley, lo que acabó por irritar del todo a los consejeros del País Vasco, Andalucía y Cataluña, que impugnaron la cita.

Wert, que se reunió el pasado viernes y sábado en Toledo con los consejeros del ramo de su partido, también ha provocado un nuevo enfado entre los suyos, sobre todo en el consejero balear, al que también afecta el blindaje del castellano y el hecho de que las comunidades tendrán que pagar una plaza en un centro privado cuando los colegios públicos no garanticen la enseñanza en castellano como lengua vehicular. En el cónclave interno de Toledo, convocado por Wert, precisamente, para llevar una propuesta consensuada de cara a la cita de ayer, el ministro y su equipo se presentaron con un Power Point de ocho diapositivas en la que no dijeron nada sobre los importantes cambios que se filtraron el lunes en el penúltimo borrador de ley. El disgusto del consejero balear, Rafael Bosch, y el plante de Cataluña –su consejera, Irene Rigau, abandonó incluso la reunión- hizo que a lo largo del día de ayer los rumores difundidos desde las consejerías del ramo hicieran pensar en la posibilidad de que el Ministerio echase marcha atrás en tan polémica iniciativa.

El ministro, finalmente, no reculó en este sentido, pero sí que provocó, con su último borrador, que el debate se centrase en una primera parte sobre la legitimidad de la reunión y en la necesidad de postergar una decisión final sobre el contenido de la LOMCE a una tercera conferencia sectorial a la que las comunidades puedan acudir con los deberes hechos y sin improvisaciones. A juicio de las tres comunidades díscolas, se ha vulnerado el reglamento de dicho encuentro al presentar cambios en el texto normativo con menos de 24 horas de antelación.

“El texto nos llegó ayer a media mañana con modificaciones muy importantes respecto al que habíamos estado negociando el viernes por la tarde”, denunció la vasca Mariam Ozcariz, al tiempo que señaló que esto suponía un “defecto de forma”, porque los consejeros han venido a opinar sobre un borrador que el departamento envió por primera vez este lunes por la tarde. “El uso de la lengua en la enseñanza lo hemos debatido hoy por primera vez”, añadió.

La andaluza Mar Mora añadió, por su parte, que “la legalidad es la legalidad”. “No podemos permitir que con 24 horas de antelación se oculten grandes cambios para el debate y análisis de las comunidades autónomas, y la Conferencia se convierta en un papel mojado. Aunque hemos tenido que enseñar los dientes, finalmente se va a convocar otra”.

La nueva rebelión autonómica, sumada al descontento de algunas comunidades del PP como la balear con el último texto de la reforma, vuelve a poner en entredicho la gestión del ministro de Educación, que debía haber sacado adelante la ley hace un mes en la primera conferencia sectorial sobre la materia. Entonces, la rebelión de los consejeros del PP forzó la cita celebrada ayer en la que, supuestamente, el anteproyecto debería haber recibido el visto bueno preceptivo de la conferencia previo a su tramitación parlamentaria en el Congreso. Por el camino van ya tres borradores de una misma ley y cientos de cambios sobre el proyecto original. Regiones como Madrid, por otra parte, siguen exigiendo que la norma recoja la libertad de elección de centro de los padres.