Las comunidades del PP obligan a Wert a darles otro mes para ‘pulir’ su reforma

El ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, tendrá que volver a reunir a todas las comunidades autónomas dentro de un mes para obtener de ellas el preceptivo informe de la Conferencia Sectorial de Educación que el Ministerio necesita antes de remitir la reforma educativa al Congreso de los Diputados. Como ya avanzó este diario, ninguna comunidad, incluidas también las del Partido Popular, respaldan al cien por cien el contenido del anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) y esa soledad política del ministro se ha traducido, de momento, en un mayor plazo para que las comunidades del PP puedan enmendar el contenido del borrador.

En público, los consejeros del Partido Popular cerraron ayer filas en torno a la reforma, cuya orientación y principios comparten todos, pero sus discrepancias con el texto final presentado por el Ministerio son notables, tal y como pusieron de manifestó en la reunión interna que mantuvieron en la sede nacional del PP hace una semana. De hecho, el propio consejero de Educación de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, que habló en nombre de todos los consejeros del PP, reconoció ayer noche, tras cuatro horas de reunión a puerta cerrada con el ministro, que el borrador de la ley “es mejorable” y debe ser enriquecido entre todos.

“Se han comentado cosas como mayor autonomía de los centros, mayor libertad, también más evaluaciones que permitan entre todos el objetivo de mejorar la calidad educativa", explicó Marín. "Entre todos y especialmente entre las comunidades del PP, que hemos encontrado más puntos de apoyo que de desunión y el ministro ha dicho que no va a haber líneas rojas y que está dispuesto a escuchar todas las comunidades”.

A efectos prácticos, Wert explicó que este nuevo plazo de un mes no alterará el recorrido parlamentario de la ley, pues el mes de enero es inhábil en el Congreso y, por lo tanto, “da igual presentarlo el 27 de diciembre que el 2 de febrero”. Educación convocará durante el mes de noviembre dos conferencias generales con los técnicos de las comunidades autónomas y, a principios de diciembre, otra Conferencia Sectorial con todos los consejeros para obtener, ya por fin, el informe preceptivo.

La decisión del ministro llega después de que las comunidades del PP se quejaran ante la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, de no haber participado en la redacción del borrador de la reforma y de haberse enterado incluso por la prensa del contenido final de la LOMCE. Borrador que, por otro lado, consideran que no refleja algunas banderas que han sido caballo de batalla tradicionales del PP durante sus años de oposición como el de la mayor libertad de elección de centro por parte de los padres o la eliminación del derecho a la huelga para los menores a partir de tercero de la ESO, lo que el PP llamó en su día “el derecho a hacer novillos” sin que los centros educativos les pudieran sancionar.

Wert no entonó ayer el mea culpa pero sí que reconoció en público que las Comunidades Autónomas, como gestoras del sistema educativo, han hecho en las últimas horas “aportaciones muy interesantes sobre todos los aspectos de la ley”. “La experiencia acumulada por las Comunidades Autónomas, que son las gestoras del sistema, aporta una visión más empírica que quienes no gestionamos el sistema”, explicó.

El Ministerio aceptará, en este sentido, las ideas de las comunidades que “optimicen” el sistema de evaluaciones previsto en la ley, las conocidas reválidas de carácter nacional que se tendrán que desarrollar al final de cada ciclo educativo. También valoró de forma especial “las reflexiones sobre la reconfiguración de la FP” para hacer más efectivas las pasarelas.

La consejera de Educación de Andalucía, Mar Moreno, explicó a los periodistas que el tema del derecho a la huelga de los estudiantes no estuvo sobre la mesa de la Conferencia Sectorial, sí en cambio, el de la mayor libertad de elección de centros, pese a que, sobre este tema, Wert, que no es muy partidario de hacer una ley de partido, explicó que “se ha hablado poco”. Moreno señaló que “algunas comunidades siguen empujando hacia posiciones más duras”, hacia “una reforma aún más de derechas y aún más ideologizada”.

Andalucía intentará utilizar este nuevo plazo de un mes para implicarse en proponer alternativas que acaben con los “aspectos más regresivos” de la ley, explicó Moreno, que citó cuestiones concretas como las reválidas, que convierten el sistema “en una carrera de obstáculos” o las “vías muertas que conducen fuera del sistema”. “Aunque hoy no se han movido prácticamente nada en aquellos puntos más conflictivos, de momento es un mes que nos han dado”, añadió.