Wert cuestiona que la educación segregada sea discriminatoria para los alumnos

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, discrepa de la última sentencia del Tribunal Supremo que ha dado la razón a Andalucía y Cantabria al denegar el concierto económico a dos centros educativos que diferenciaban a sus alumnos por sexo. En una nota remitida ayer por el Ministerio, Wert dijo “acatar y respetar” la resolución, aunque animó a abrir un análisis y un debate sobre una cuestión que, en su opinión, no tiene por qué generar una desigualdad de oportunidades para los estudiantes.

“Hay que plantearse hasta qué punto el argumento de que la educación diferenciada supone discriminación entre los sexos es un argumento -explicó Wert en el comunicado- compatible con la Convención de la Unesco que firmó España contra la discriminación en la enseñanza”.

En esa convención, añade, “se sostiene que la educación diferenciada, siempre que no suponga una desigualdad de oportunidades para chicos y para chicas, no supone una forma de discriminación”. Por lo que, en su opinión, concluye: “No puede haber distinto trato en la financiación con fondos públicos si no hay discriminación en función de esa educación diferenciada”.

La postura de Wert está en consonancia con la política mantenida por Educación desde su llegada al Ministerio y contraria a la que puso en marcha la anterior administración socialista, que quiso prohibir por ley la financiación para este tipo colegios La ex ministra de Sanidad e Igualdad, Leire Pajín, incluyó la medida en su proyecto de Ley de Igualdad de Trato que, finalmente, no llegó a aprobarse. Otros consejeros de Educación del PP como la madrileña Lucía Figar tampoco han mostrado reparos en financiar los conciertos de los centros diferenciados. “La educación segregada ni molesta ni alarma”, explicó Figar en una entrevista al diario Público, en 2009, para justificar la subvención concedida a un centro de San Fernando de Henares.

Recurso al Constitucional

De momento, las asociaciones de padres de los colegios cántabros Torrevelo y Peñalabra estudian recurrir al Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo que ratifica la no renovación del concierto al primero y la no concesión al segundo. Ambos colegios pertenecen al grupo Fomento de Centros de Enseñanza, vinculada al Opus Dei, y dichas asociaciones de padres fueron las que apelaron al Supremo contra una decisión adoptada por la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria en 2009 y ratificada en 2011 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

El Supremo se ha pronunciado también de forma favorable a la retirada del concierto a otro centro andaluz que también había recurrido al Supremo. La Junta, por su parte, celebró ayer el fallo del Supremo y estudiará en breve si aplica la doctrina del Supremo de forma inmediata o si espera al momento en que toca la revisión general de los conciertos, para el curso 2013/14.Una postura, esta última, que seguirán también Asturias y la Generalitat de Cataluña, que garantizó ayer que no modificará los contratos con los 16 centros catalanes concertados que aplican la diferenciación por sexos hasta que caduque su vigencia, en 2014.

El actual Gobierno de Cantabria, sin embargo, mantiene una posición diferente a su antecesor (PRC-PSOE) y a la Junta de Andalucía (PSOE) ante la citada doctrina del Supremo. Por este motivo, actualmente, los dos centros cántabros disponen de la categoría de concertados aunque mantienen su política de separación, ya que el Gobierno cántabro actual, del PP, se la ha concedido.

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Ángel Serna, explicó ayer que el concierto otorgado por su departametno al colegio Torrevelo-Peñalabra, (ahora unificados) se basa en “informes técnicos y jurídicos”. En este sentido, detalló que el concierto concedido ahora se basa en un "supuesto distinto" de aquel sobre el cual, en su momento, se pronunció el TSJC y, ahora, el Supremo.

La asociación de padres de alumnos católica CONCAPA, mayoritaria en la enseñanza concertada, ha defendido en una nota que el derecho a elegir la educación de los hijos no solo abarca la elección del centro educativo, “sino también la metodología pedagógica”. En su opinión, este tipo de educación diferenciada  es “aceptada en todos los países desarrollados”.

La administración Obama, por ejemplo, ha impulsado hasta 600 colegios públicos segregados para combatir el fracaso escolar. El Reino Unido, por su parte, tiene a 81 colegios diferenciados entre los 100 mejores centros educativos del país.