La condena al etarra Otegi da armas a Gallardón para modificar la ley del Jurado

La Audiencia Nacional ha condenado al etarra Mikel Otegi a 34 años de prisión por el asesinato de dos ertzainas en Itsasondo (Guipúzcoa) en 1995. La sentencia le considera culpable de dos delitos de asesinato, decisión totalmente opuesta a la que tomó un jurado popular en 1997. En ese caso, Otegi fue absuelto -según instancias superiores- bajo el miedo de los miembros del tribunal.

Son conocidos los grandes casos mediáticos que contra todo pronóstico quedan en absoluciones, como ocurrió con el expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps. Por esa y otras razones, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado que va a modificar la ley del Jurado, dentro de la reforma de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOEC), que se está debatiendo en comisiones en estos momentos.

El titular de Justicia ha reconocido que es necesario corregir las “disfunciones” en las que esta institución haya podido incurrir porque en “más ocasiones de las debidas” los tribunales han tenido que invalidar sentencias del jurado con el trastorno que eso supone.

Los juristas reconocen que la ley del Tribunal del Jurado, que data de 1995, necesita cambios pero desde ningún sector judicial se plantea su eliminación al tratarse, entre otras cosas, de un imperativo constitucional. Las asociaciones de jueces reconocen que a pesar de algunas disfunciones, se trata de una figura que funciona bien en este país y la gran mayoría de las sentencias no son rectificadas.

El problema viene cuando se tratan de casos mediáticos. La presión social puede llegar a distorsionar la visión de los miembros del jurado, como en el caso Wanninkhof o Tous. Son en ese tipo de asuntos en los que debe girar la reflexión y debatir si tales causas tienen que quedar en manos de jueces profesionales.

Un jurado lo componen nueve ciudadanos elegidos aleatoriamente y el presidente del tribunal que dirige el juicio y quien les guía en la resolución. Tienen potestad para juzgar una docena de infracciones del Código Penal: homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada e incendios forestales, además de delitos cometidos por funcionarios públicos como el de cohecho impropio.

Algunos sectores de la carrera judicial apuestan por reducir el número de delitos y, por ejemplo, desde la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se aboga por un modelo mixto, con un jurado compuesto por ciudadanos y jueces. Así, Ruiz Gallardón reconoce que en los delitos de “carácter complejo” “no siempre queda claro” si han de ser celebrados ante un jurado popular o un tribunal ordinario, así como a la valoración de la prueba.

Jueces y fiscales consideran también que en el caso de delitos menores como el allanamiento de morada, el jurado popular es demasiado costoso tanto económicamente (en torno a los 6.000 euros) como laboralmente para la pena que lleva aparejado.

Lo que sí es un sentir generalizado es el problema que suponen los juicios paralelos en casos que debe enjuiciar un jurado popular. Uno de los más clamorosos fue el del asesinato de la joven malagueña Rocío Wanninkhof. La principal sospechosa, Dolores Vázquez, fue condenada por un jurado y permaneció en prisión 17 meses hasta que el ADN de este crimen apareció en la investigación de otro asesinato, el de Sonia Carabantes. El autor real era Tony Alexander King, un asesino en serie británico. ¿Cómo se resarce, entonces, el fallo del jurado?