El Gobierno retrasa a julio el techo de gasto de los Presupuestos a la espera de nuevos recortes

La incertidumbre absoluta sobre la situación económica impide al Gobierno cumplir con la obligación legal de aprobar antes de que acabe junio el techo de gasto para el próximo proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Pendiente de los posibles acuerdos del Consejo Europeo que concluye hoy en Bruselas y de las próximas reuniones del Eurogrupo, en fuentes del Ejecutivo reconocen que no pueden fijar cifra total alguna para los próximos recortes y que no podrán hacerlo, en el mejor de los casos, hasta mediados de julio. Pero las próximas cuentas del Estado incluirán otra exigencia de la UE, esto es, tendrán el carácter bianual requerido por las instancias europeas para comprobar cómo piensa cumplir España el compromiso de déficit hasta 2014.

Fuentes gubernamentales confirman que el diseño final de los próximos Presupuestos del Estado está completamente en el aire y a la espera, primero, de los resultados concretos de Consejo de Europeo. "No es lo mismo que se prorrogue en un año el objetivo final de déficit que se deje como está. Nosotros lo cumpliremos de cualquier forma, pero hay que conocer el margen de maniobra", explicaron en los citados medios.

Recién aprobadas (ayer mismo) por el Congreso las cuentas del Estado para el presente ejercicio, la reforma del IVA, la reestructuración de las administraciones y sector público (con reducciones de plantillas y salarios), privatizaciones y un nuevo recorte en Sanidad si el puesto en marcha se ha quedado corto son las medidas con que trabaja Hacienda para un nuevo paso en la reducción del déficit del Estado para 2013. Y todos esos factores, más la línea de crédito o rescate para la banca española en problemas, dependen de las decisiones que se pueden tomar en Bruselas entre hoy y las reuniones (en principio más concretas) del Eurogrupo previstas para los primeros días de julio.

El incesante deterioro de la economía española es tal que la cifra de techo de gasto fijada y aprobada por el Gobierno en marzo (118.565 millones de euros, un 4,7% menos que el año anterior) puede resultar demasiado generosa tres meses después pese a los duros recortes que ha supuesto al descender en cada partida y gasto de las administraciones. El Ejecutivo anunció entonces que con esa rebaja en el techo de gasto los ministerios se verían obligados a reducir sus gastos en un 12,5%, pero sin entrar en más detalles.

Para el próximo ejercicio e incluso con giro total en las decisiones de la UE en apoyo a España y al euro (rescate directo a la banca, 'mutualización' de la deuda pública y una prórroga de un año en el objetivo de déficit), el Gobierno prepara otro recorte global de las cuentas públicas casi tan duro como el de este ejercicio, según reconocen en medios del equipo económico. Y esta vez más basado en el ahorro en el gasto de las administraciones que en el capítulo de inversiones. La esperanza es poder distribuir otra reducción de casi un cuatro por ciento en dos ejercicios en vez acometerlo de golpe.

El techo de gasto que el Gobierno prevé llevar al Congreso a mediados de julio incluirá ya el adelanto de los recortes en la administración central. Además, el Ejecutivo tiene que volver a reunir a los gobiernos autonómicos para acordar su particular techo de gasto, siempre bajo la autoridad que ya le da la ley de estabilidad presupuestaria para someterlos a la disciplina general y a los principios de la austeridad obligada. Así queda fijado desde el principio el compromiso de cumplir con el objetivo final de déficit en todo el ámbito del Estado ante las instancias europeas.

Temor en el PSOE a un nuevo recorte

Ante los próximos recortes, ayer quedó en evidencia en el Congreso el temor de la oposición, sobre todo del PSOE, a que el Gobierno vuelva a reducir las subvenciones a los partidos en el ejercicio de 2013. El conjunto de las formaciones ha aceptado la decisión de Rajoy de bajar para este año en un 20% el dinero que reciben del Estado, no se han atrevido a quejarse en público pero les ha pánico tener que seguir por esa senda que a los socialistas les ha obligado a hacer un ERE.

El Ejecutivo ha suprimido en la ley de financiación de partidos el privilegio incluido por Zapatero en 2007 para garantizar a los partidos políticos que sus subvenciones se guiarán por la norma de actualizarse con el IPC. Al PSOE no le gusta que sus ingresos dependan de la elaboración de cada ley de presupuestos, pero el PP considera que es lo justo: que sus subvenciones se atengan a las necesidades y posibilidades de las cuentas del Estado.

Queda así abierta la puerta a otra reducción el próximo año, quizás no de otro 20 por ciento, pero sí de la misma entidad que se pueda aplicar a determinados organismos de la administración. Por ello, los socialistas buscan el apoyo de los demás grupos para cambiar en el Senado la reforma de la ley de partidos en ese capítulo, pero sólo pueden intentarlo por la vía de la presión dada la mayoría del PP en la Cámara alta.