El Gobierno quiere hacer caja con inmuebles del Estado por valor de 2.800 millones

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, anunció ayer que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no podía consentir que, solo en el centro de Madrid, el Estado disponga de un patrimonio inmobiliario vacío valorado en 500 millones de euros y a la vez se gaste más de 100 millones de euros en alquileres.

Las estimaciones de la portavoz del Gobierno provienen del inventario de bienes e inmuebles del Estado (4.000 solares, 14.100 edificios, 350 propiedades en el extranjero y 34.000 fincas rústicas) en el que se basa el informe Tendencias 2012 que la consultora inmobiliaria CBRE presentó un día antes. En dicho informe aparece un dato relevante que la portavoz del Gobierno no mencionó: la comercialización inmediata de determinados inmuebles del centro de la capital podría aportar unos 2.800 millones de euros a las endebles arcas del Estado, donde solo el sector público se gasta 91.300 millones más de lo que ingresa.

Este artículo, firmado por Isabel Benéitez, directora del sector público de CBRE España, incide en la necesidad de lanzar un plan de racionalización integral para aportar liquidez, crear empleo y aumentar la eficiencia de los inmuebles que pertenecen al Estado. De hecho, anima a que el Gobierno saque al mercado los edificios vacíos de forma gradual, "después de haber gestionado paralelamente los necesarios cambios de uso y la calificación urbanística más adecuada para maximizar su valor”.

A pesar de que Benéitez declinó hablar con El Confidencial porque su equipo inmobiliario está inmerso en un trabajo, junto con la consultora PwC, sobre un análisis singularizado de una muestra de 230 edificios ocupados por la Administración en Madrid, sus conclusiones son claras: los inmuebles del Estado en la 'almendra central' de la capital, cuyo valor oscila entre 10.000 y 12.000 millones de euros, "están infravalorados" e insta al Ejecutivo a que trate este tema con carácter "prioritario" dada la endeble situación financiera y económica del país.

“Hay un superávit de funcionarios, se dan frecuentes duplicidades de puestos de trabajo y existen cargos y organismos públicos totalmente prescindibles”, añade. En cuanto a la ocupación de los inmuebles, “la falta de eficiencia es significativa, por lo que el ahorro de costes que podría generarse resulta igualmente alto”. Benéitez habla de organismos públicos repartidos en varios edificios con el consiguiente coste añadido por duplicidad de servicios; inmuebles públicos antiguos y obsoletos en control y eficiencia energética, razón por la que sus consumos son “elevados” y obvian, “la inmensa mayoría de los casos”, el impacto ambiental producido. Todo ello, como corroboró ayer Sáenz de Santamaría, hilado a situaciones en las que la Administración ocupa inmuebles en alquiler, “cuando hay edificios de propiedad pública completamente vacíos y otros tantos infrautilizados”.

Multiplicación de costes, espacios y servicios

La vicepresidenta ya ha requerido al secretario de Estado del Ministerio de Fomento que eleve un informe a la Comisión General de Secretario de Estado y de Subsecretarios sobre la situación del mercado inmobiliario español y del mercado de alquileres para que digan qué medidas se pueden aplicar a la gestión del patrimonio inmobiliario del Estado. Además de los datos que facilitó la vicepresidenta, Benéitez también habla de que los ratios de ocupación de la mayoría de los inmuebles públicos están “sobredimensionadas” respecto a otros sectores, con un exceso teórico de espacio del 37%. “Existe una gran dispersión geográfica en la capital, con numerosos organismos repartidos por distintas ubicaciones, con la consiguiente multiplicación de costes, espacios y servicios”. Muchos edificios son susceptibles de futuros cambios de uso, con el consiguiente beneficio en creación de valor que supondría “un proceso de desinversión”.

Sobre este análisis de cartera, los expertos inmobiliarios aconsejan al Gobierno diseñar “de inmediato” una estrategia “específica” y un “plan de ahorro y racionalización concreto” sobre la ocupación inmobiliaria de la Administración del Estado en Madrid. Incluso, aconseja al Ejecutivo construir un nuevo complejo centralizador de servicios “ahora dispersos”, capaz de impulsar la liberalización de unos 250.000 metros cuadrados, o la rehabilitación y modernización de una “selección de inmuebles” con el mismo objetivo.