Los proveedores denuncian una carrera de rebajas para cobrar los primeros las deudas

Ni la Federación Madrileña de Municipios ni las patronales conocen todavía el mecanismo que utilizará el Gobierno para pagar a los proveedores las facturas que deben los ayuntamientos. Dos de los puntos más polémicos es determinar quién cobrará primero y quién pagará los intereses de esos créditos, ya que el Gobierno adelantó que no la asumirán las administraciones en solitario, sino también los proveedores que quieran cobrar. Francisco Jardón, presidente de Aselip, patronal de servicios municipales que opera en más de 3.500 municipios de España, reconoce que cobrar ahora toda la deuda atrasada saldrá más caro para los proveedores. Y los proveedores no están dispuestos a cobrar "a costa de cualquier precio".

Aunque aplaude la decisión del Gobierno de querer erradicar de raíz “la morosidad de las administraciones públicas”, Jardón no las tiene todas consigo, y afirma a El Confidencial que el Ejecutivo todavía tiene que clarificar cómo efectuará esos pagos. El aspecto más preocupante para Aselip, sector que adeuda más de 3.000 millones de euros con la administración local, es que el Gobierno bonifique a aquellas compañías que estén dispuestas a reducir el importe de las facturas. “Esto se va a convertir en una subasta de que quien ofrezca una quita más alta, va a colocarse el primero en la cola de cobros”, añade.

Con las reformas emprendidas, Manuel Cobo, secretario ejecutivo de Política Local del Partido Popular, asegura que el Estado cede parte de la financiación al sector privado haciendo frente a uno de los principales problemas de las empresas: la liquidez y el crédito. Con esta medida, se impulsa la confianza y credibilidad del país, “un país que paga sus facturas, ya que en algunos casos había multinacionales que se estaban replanteando sus inversiones en España”.

Según Ana Botella, de los 6.348 millones de deuda municipal (a bancos e inversores), la ciudad de Madrid debe 986 millones de euros a proveedores. Precisamente Manuel Cobo, actual vicesecretario ejecutivo de Política Local, fue vicealcalde del consistorio madrileño hasta hace un mes, cuando Alberto Ruiz Gallardón fue nombrado ministro de Justicia y él se fue a Ifema una vez que los jueces le vetaron la secretaría de Estado de Justicia. A pesar de que ahora se felicite porque por fin los proveedores podrán cobrar sus facturas pendientes a partir de mayo, Cobo dejó a deber, solo a la patronal de servicios municipales, 600 millones de euros, a los que paga con once meses de retraso, según datos que maneja la actual alcaldesa.

A pesar de que Botella se marcó como objetivo prioritario menguar el número de facturas pendientes de pago que le dejó Gallardón en el cajón del Palacio de Cibeles, el plan económico-financiero hasta 2015 no contempla aligerar los plazos de las facturas pendientes de pago. De hecho, la hoja de ruta con la que trabaja el Ayuntamiento asegura que este año se cerrará con una deuda de 917 millones; nueve más que en 2013. Para 2014, la nueva alcaldesa espera soportar 827,4 millones de euros y ya en 2015, año de las próximas elecciones municipales, tienen pensado reducir la deuda comercial hasta los 443,6 millones de euros, antes de dejarla a cero un ejercicio después.

Reunión entre la FEM y el Gobierno

David Pérez, presidente de la Federación Madrileña de Municipios, aplaude la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy, aunque ya ha solicitado una reunión con el Ejecutivo para escuchar los detalles sobre el mecanismo que se utilizará para disolver la deuda con los proveedores y aportar recomendaciones. El alcalde de Alcorcón recuerda que, con esta medida, se confirma que “existe un compromiso de dar una solución” al problema de los gobiernos locales. Pérez achaca esta situación a malos gestores que gastaron más de lo que tenían y pone el ejemplo de la localidad madrileña que él gobierna desde el 22-M. “El anterior Ejecutivo cifró la deuda en 53 millones de euros, y en realidad supera los 612 millones: el presupuesto de toda la legislatura y 4,4 veces más del gasto previsto por el Ayuntamiento para este ejercicio”.

A pesar de que el Gobierno ha mostrado voluntad “de erradicar la morosidad de las administraciones públicas”, Jardón asegura que todavía falta por clarificar “qué responsabilidad asumirán las entidades y qué parte los proveedores”. Pasado el 15 de marzo, fecha límite que los consistorios tienen para presentar la información de sus facturas pendientes, “entonces el Ejecutivo tendrá que dibujar sobre una base real los calendarios de pago. Pero todavía es muy pronto para hacer pronósticos”, finaliza.