Rajoy heredará la ‘patata caliente’ de los restos de Franco en el Valle de los Caídos

Si los pronósticos y las encuestas se cumplen, el futuro gobierno de Mariano Rajoy heredará en sus primeros días de gestión una de las 'patatas calientes' más polémicas que le deja como legado el ejecutivo saliente de José Luis Rodríguez Zapatero: el futuro del Valle de los Caídos y el destino final de los restos del dictador Francisco Franco. La Comisión de Expertos que desde hace cinco meses elabora su informe particular por encargo del Ministerio de la Presidencia no dará a conocer sus conclusiones hasta después del 20 de noviembre. Le guste o no, a Rajoy le tocará retratarse sobre un asunto tan peliagudo y de tan profundo calado ideológico que podría incluir, entre otras recomendaciones, el traslado de los restos de Franco al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, donde reposan los restos de Carmen Polo y Carrero Blanco.

La Comisión de expertos, compuesta por 12 profesionales del ámbito académico, jurídico y científico, lleva trabajando desde hace cinco meses en un informe que, según el calendario inicialmente previsto por el Gobierno, debería ver la luz ahora, a finales de octubre. Pero el adelanto electoral ha trastocado todos los planes y en este contexto han sido los propios miembros del órgano los que han pedido al ministro Ramón Jáuregui más tiempo para no interferir en el ámbito político en plena precampaña. Sea como fuere, lo relevante, y lo reconoce el propio Ministerio de la Presidencia, es que “evidentemente, no va a ser un Gobierno en funciones el que ponga en práctica sus conclusiones pues no puede tomar una decisión de ese calado y de esa sensibilidad”. Una demora que deja, pues, su futuro, en manos del líder del PP. 

El Periódico de Cataluña publicaba ayer que el grupo de expertos plantea, entre sus conclusiones preliminares, la exhumación de los restos de Franco y su posterior traslado al camposanto de El Pardo. Desde el Ministerio de la Presidencia explican, sin embargo, que se trata solo de una decisión abordada solo en uno de los múltiples grupos de trabajo de la Comisión y que, en ningún modo, ha sido refrendada aún por el pleno de la misma. Desde el Gobierno aseguran, eso sí, que el resultado final será “un informe muy serio hecho por grandes profesionales que recogerán la pluralidad de sensibilidades que existen sobre el Valle de los Caídos”. “No es un informe como para guardar en un cajón”, aseguran. En este sentido, Ramón Jáuregui ya avanzó en la primera reunión de la Comisión que el objetivo es que el informe “pueda ser asumido por cualquier Gobierno”. Algo difícil de encajar incluso por los propios miembros del Partido Socialista. En este sentido, el ex presidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara destaco ayer que exhumar los restos de Franco supondría “abrir un abismo entre las 2 Españas” y que, por tanto, “es un hecho que no se puede producir en este momento”.

El grupo de expertos tiene como misión estudiar posibles actuaciones que puedan convertir el Valle de los Caídos en un lugar de memoria y de reconciliación desde el principio de “dignificación” de las víctimas de la Guerra Civil y de la represión posterior.  Según el mapa de fosas elaborado por el Ministerio de Justicia, la Basílica de Cuelgamuros alberga los restos de 33.833 personas de ambos bandos trasladadas hasta allí entre 1959 y 1983. De ellas, 12.410 corresponden a personas no identificadas.

Como líneas rojas a seguir, el ministro Jáuregui estableció el mantenimiento de la gran cruz de 150 metros que se levanta sobre la basílica y la permanencia en la misma de la comunidad benedictina que oficia los servicios religiosos desde sus inicios. El ministro avanzó también que, a su juicio, los restos de Franco deberían depositarse en el panteón de El Pardo en una decisión que, “preferiblemente”, debería ser consensuada con la familia del dictador. Algo difícil de conseguir tras la negativa de la hija de Franco, Carmen Polo, a cualquier cambio. 

La comisión de expertos está compuesta por dos presidentes, un secretario y nueve vocales. La presidencia la ostentan el ex ministro socialista Virgilio Zapatero y el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Pedro José González Trevijano. Los vocales son Carme Molinero Ruiz, catedrática de Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, consejero permanente del Consejo de Estado y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas; Alicia Alted Vigil, catedrática de la UNED; Manuel Reyes Mate, ex jefe de gabinete del ministro José María Maravall y profesor del CSIC; Amelia Valcárcel, consejera electiva del Consejo de Estado; Hilari Raguer i Suñer, historiador y monje de la Comunidad Benedictina de Montserrat; Carme Sanz Ayán, catedrática de Historia Moderna de la Complutense; Ricard Vinyes Ribas, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Barcelona; y Francisco Ferrándiz Martín, antropólogo social del CSIC. Aunque estaba previsto que la Iglesia Católica estuviera representada a través del arzobispo emérito de Pamplona y Tudela, Fernando Sebastián, finalmente la institución rechazó tener presencia en el grupo de expertos por decisión propia.