Pablo Ruz, el juez tranquilo

El juez Pablo Ruz, instructor del ‘caso Faisán’, no va a tirar la toalla pese al varapalo que el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le dio el pasado miércoles al revocar el procesamiento de la cúpula de Interior, a la que el magistrado consideraba responsable del chivatazo a ETA. Tan pronto como conozca la literalidad del fallo, que se hará público previsiblemente la próxima semana, retomará la investigación en busca de nuevas pruebas que refuercen su tesis y ampliará las pesquisas en otras direcciones si así se lo recomienda la Sala.

Ruz llegó al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en junio de 2010 para sustituir a su titular, Baltasar Garzón, que un mes antes había sido suspendido cautelarmente de sus funciones. Su elección para un juzgado con numerosas “patatas calientes” fue acordada por unanimidad por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tuvo en cuenta su paso por la Audiencia Nacional en 2008, también para sustituir a Juan del Olmo, instructor del 11-M. Entonces ya demostró ser un juez capaz de encarar casos complejos y envió a prisión al asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, supuesto “cerebro” de una trama de corrupción en el consistorio.

Hasta ese momento su carrera profesional ha sido discreta. La inició en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Navalcarnero (Madrid), del que pasó al número 4 de la misma localidad y posteriormente, tras su paso temporal por los juzgados centrales, al de Collado Villalba, y de allí a su actual destino.

Casado y con tres hijos, Ruz es la antítesis del juez estrella, permanente foco de atención de los medios de comunicación por la relevancia de las causas que instruye. Discreto, sencillo y “encantador” en el trato, según una de las personas que trabaja con él, ha demostrado la decisión que no tuvo su antecesor, que mantuvo "dormida" la investigación por el chivatazo a ETA tras cuatro años de instrucción.

En un solo año dinamizó la causa con la práctica de numerosas diligencias y procesó a quienes hasta ese momento eran solo imputados. Lo hizo, además, por un delito de colaboración con banda armada, encubrimiento y revelación de secreto, penados con hasta 16 años de reclusión. Una decisión que generó enorme preocupación en el Ministerio del Interior porque la filtración tuvo lugar cuando el Gobierno mantenía contactos con ETA para poner fin a la violencia.

Objeto de críticas por las defensas de los imputados, que descalifican su trabajo por incompleto y parcial al haberles negado la práctica de pruebas, la principal de ellas que investigue al equipo policial que les acusa, al que Ruz ha avalado en varias ocasiones. La revocación de los procesamientos ha puesto en duda el rigor de su investigación y del fiscal Carlos Bautista, que ha sido un convidado de piedra en la causa y que no ha hecho otra cosa que dar bandazos: desde pedir el archivo a apoyar los procesamientos.

Magistrado progresista, es miembro de la plataforma Otro Derecho Penal es Posible, de la que forman parte jueces, fiscales y catedráticos de derecho que defienden la “resocialización y la humanización del sistema penal, disminuyendo el ingreso de personas en la cárcel cuando sea innecesario”.

Preocupado por conciliar la vida familiar y laboral, procura no permanecer en el juzgado más de lo necesario para volver a casa y ocuparse de sus hijos. Entonces, desprovisto de la toga, se dedica a sus aficiones: tocar la guitarra, la música y, cuando puede, escaparse al cine.