La Audiencia exonera de torturas a los Mossos d’Esquadra que redujeron por la fuerza a un detenido

Ni torturas ni delito contra la integridad moral ni falsificación en documento oficial. Los Mossos d’Esquadra que emplearon la fuerza para reducir a un detenido y cuyas grabaciones subrepticias provocaron una ardua polémica han sido absueltos por la Audiencia de Barcelona de estos delitos, aunque cuatro de ellos son condenados por lesiones: 10 euros de multa por día durante dos meses (es decir, 600 euros) y una indemnización de 1.610 euros por perjuicios al detenido, Rubén Pérez.

 

Las imágenes de los policías reduciendo por la fuerza al detenido en la sala de cacheos de la comisaría de Les Corts dieron la vuelta a España. El consejero de Interior, Joan Saura, había dado permiso para instalar una cámara oculta dentro de un ordenador en dicha sala debido a la gran cantidad de reclamaciones, por parte de detenidos, que acusaban a los agentes de extralimitarse en sus funciones y emplear gratuitamente la fuerza. Los sindicatos pusieron el grito en el cielo y desde entonces las relaciones de los policías catalanes con la cúpula de Interior han quedado en precario.

El detenido presentó denuncia por torturas, por delito contra la integridad moral, por lesiones y por falsedad en documento. A la querella, se sumaron las entidades Asociación de los Cristianos por la Abolición de la tortura (ACAT) y la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos. Para más inri, el consejero encargó un informe a Asuntos Internos que dejaba por los suelos la actuación policial.

Uno de sus párrafos incluso acusaba a los agentes de falsificación en documento porque había una errata en el número de indentificación de uno de los policías intervinientes. Los sindicatos policiales, por su parte, calificaron la filtración de las grabaciones de jugada política de Saura y denunciaron que se había dado a la prensa un momento muy concreto del interrogatorio y se había ocultado todo lo que había hecho el detenido hasta ese momento.

Un detenido violento

Con la sentencia en la mano, la relación de los hechos difiere a lo que en un principio parecía violencia gratuita de un grupo de agentes contra un detenido indefenso y humillado. El texto de la Audiencia recoge que Rubén Pérez se negó a identificarse ante los Mossos d’Esquadra que acudieron a una llamada, ya que estaba molestando a un ciudadano. Además de insultarles gravemente, dañó dos vehículos policiales. Por estos hechos, ya ha sido condenado en firme.

Según el atestado policial, el detenido mantuvo una actitud agresiva, provocadora y amenazante, llegando a propinar una bofetada y un puntapié en la rodilla a un agente. La sentencia recoge que, en un momento dado, Rubén tocó a un Mosso, por lo que varios agentes saltaron sobre él “y durante escasos segundos realizaron técnicas de reducción que comportaron algunos golpes propinados con los pies y que cesaron de inmediato una vez estuvo reducido en el suelo. Procediendo a continuación, y mientras lo tenían sujeto, a practicar el cacheo quitándole zapatos, cordones y cinturón en cumplimiento del protocolo policial, hasta que pasadosunos minutos fue inmovilizado con grilletes en manos y pies y con un casco en la cabeza a fin de evitar que se autolesionara”.

“La sentencia nos viene a dar la razón -señaló a El Confidencial un portavoz del Sindicat de Policies de Catalunya (SPC)-. Lo que ha quedado demostrado es que el detenido mostraba una actitud hostil y violenta y que el asunto fue una reducción pura y dura. Si no estuviésemos seguros, jamás habríamos defendido a los compañeros”. La misma fuente se queja de que el juicio paralelo realizado a los agentes les perjudicó a los acusados y de que “este caso se tomó como jee central de lo que parecía una campaña contra los Mossos d’Esquadra. Afortunadamente, la sentencia viene a poner los puntos sobre las íes”.

Los policías implicados preparan ya un recurso contra la multa de 600 euros a que les condena la Audiencia. Por su parte, una fuente de la consejería de Interior contactada por este diario declinó realizar valoración alguna de la sentencia, aunque subrayó que “la acatamos”.