La policía recibe orden de detener a marroquíes porque es más barato deportarlos

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que trabajan en Madrid están recibiendo órdenes de sus superiores de aumentar las cifras de detenidos con el arresto de un cupo semanal de extranjeros que se encuentren en situación irregular. Según una nota interna a la que ha tenido acceso Europa Press, cada comisaría tiene que detener semanalmente a un número determinado de irregulares en función de la población del distrito y si no lo consiguen, cruzar los límites de su ámbito de actuación y arrestar en otros distritos.

En este sentido, la nota recomienda dar prioridad a los marroquíes, ya que en el plazo máximo de internamiento de 40 días se pueden realizar los trámites de repatriación y el coste es asumible, al realizarse la mayor parte del traslado por carretera. "Marruecos, prioritario (Se expulsan porque la mayoría del traslado se hace por carretera y se documentan bien. Bolivia, no se expulsan en la actualidad. Capacidad de plazas en vuelo, limitadas)", se afirma en el documento.

"Extranjeros: en base a la población de cada distrito, hay que hacer un número de detenidos. Villa Vallecas, objetivo=35. Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito", recoge dicha nota, que está fechada el pasado noviembre. Fuentes policiales confirmaron que el resto de comisarías de Madrid han recibido esa misma instrucción.

Orden de ser "selectivos"

Las órdenes impartidas sobre extranjeros proceden de una reunión de comisarios en la Jefatura Superior de Policía celebrada el 12 de noviembre. En el documento se traslada a los agentes de Villa de Vallecas las instrucciones recibidas en esa reunión, se incluyen las pautas para actuar tras la detención: "Hay que ser selectivos a la hora de pedir CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros)".

Si un extranjero no tiene documentación en regla para residir en España es conducido a comisaría, donde se le incoa un expediente de expulsión. A continuación, debería ser trasladado al CIE hasta que se tramita dicha expulsión, pero la saturación de estos centros hace que habitualmente queden en libertad con el expediente de expulsión en el bolsillo.

Recientemente, han sido los propios policías, a través de sus sindicatos, los que han trasladado a sus superiores quejas por este tipo de instrucciones. Las organizaciones SUP, CEP, UFP y SPP han remitido escritos al Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo exigiendo una "clarificación legal" sobre determinadas órdenes. Entre ellas, están las que obligan a realizar identificaciones "masivas e indiscriminadas sin ninguna razón de sospecha sobre determinadas personas, por ser jóvenes, por transitar por determinada zona o por ser de origen extranjero".

Igualmente, los sindicatos se han pronunciado reiteradamente contra el "maquillaje" y la "opacidad" de las cifras de delincuencia que ofrece el Ministerio del Interior. Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), su portavoz, Mauricio Valiente, afirmó que es "innegable el incremento de la presencia policial y las redadas y operativos masivos que se están produciendo en algunas grandes ciudades, especialmente Madrid y Valencia".

"Entendemos que en puntos concretos como los colegios, donde se hacen identificaciones a los padres, se podrían estar vulnerando derechos fundamentales como el de la educación, porque al final el padre se va a pensar dos veces el llevar al niño al colegio o el acudir a un centro sanitario".