El nuevo fondo de resolución europeo costará otros 4.500 millones a los bancos sanos

Las autoridades van a volver a pasar el cepillo por la banca española 'sana' (no rescatada). Esta vez la culpa la tiene la UE, que en su nueva directiva de resolución bancaria -aprobada en la madrugada del jueves- contempla la creación de un fondo de resolución de entidades al que los bancos tendrán que aportar el 0,8% de los depósitos del sistema: unos 4.500 millones en números redondos. Esta cifra se suma a las ayudas ya concedidas por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y a las que va a conceder -la compra de las preferentes de NovaGalicia y CatalunyaBanc-, con lo que la factura para el sector del rescate de las entidades insolventes se acerca a los 30.000 millones.

El nuevo fondo es parte de la nueva estrategia de resolución de entidades que pretende ahorrar todo el dinero posible a los contribuyentes en futuros rescates. A pesar de que España ha perdido sus principales batallas -los depósitos no se salvan de las quitas y no habrá recapitalización directa con fondos europeos-, sí era una firme defensora de este fondo, puesto que le permite romper el círculo vicioso entre riesgo bancario y riesgo soberano: "Si los mercados castigan a tus bancos porque creen que tu Gobierno no tiene recursos para rescatarlos, la existencia de un fondo europeo de rescate debería moderar ese castigo", explica un experto en el sector.

La banca deberá dotar este fondo con el 0,8% de los depósitos protegidos, que al cierre de 2012 ascendían a 1,16 billones en España. Eso supone más de 4.400 millones de euros que las entidades tendrán que detraer de sus famélicos beneficios. Ahora bien, Europa aprieta pero no ahoga: concede a los bancos un plazo de 10 años para dotar el nuevo fondo, lo que hará más digerible su dotación. Un primer análisis de Royal Bank of Scotland estima que el mayor impacto será para los bancos españoles medianos y Bankia, dado que tienen muchos depósitos en balance y márgenes bajos.

Se trata de una nueva vuelta de tuerca para que las entidades que han sobrevivido a la crisis por sus propios medios paguen los costes de mantener en pie a entidades insolventes. Es difícil estimar el coste total porque incluye muchos conceptos que no son homogéneos. La propia patronal bancaria (AEB) estima que el coste asumido hasta ahora por el FGD asciende a 13.356 millones de dinero ya perdido -1.819 millones en Unnim, 7.895 en CAM y 3.642 en CCM- más los 2.250 que aportó el FGD al FROB cuando se fundó este en 2009. A eso hay que sumar otros 7.583 de pérdida esperada adicional por las ayudas comprometidas en forma de EPA (esquema de protección de activos): 2.003 millones en Unnim, 5.054 en CAM y 526 en CCM. En total, 23.189 millones, y eso si la pérdida real de los EPA no es mayor que la esperada, cosa bastante probable; la pérdida máxima posible es de 18.384 millones.

Y falta la derrama de las preferentes

Pero a esto hay que añadir la derrama de otros 2.000 millones que tiene que afrontar el sector para que el FGD compre las preferentes de NovaGalicia y CatalunyaBanc y dé liquidez a los minoristas titulares de estos productos (con un descuento adicional del 13,8% sobre la quita del canje de las preferentes y subordinada por acciones). Una derrama cuyo reparto fue aplazado en la última reunión de la comisión gestora de este fondo por la polémica que conlleva: en principio, tendrán un descuento del 30% de sus aportaciones los que participen en Sareb, lo que equivale a una penalización para BBVA, que es el único que no ha entrado en el capital del banco malo. Pero el banco que preside Francisco González ha anunciado acciones judiciales si esto se confirma. Y aun así, no le salen las cuentas al ministro Luis de Guindos, porque faltan 500 millones.

 

Esta derrama se suma a otra extraordinaria de 234 millones realizada en febrero para cubrir el patrimonio negativo del FGD, que se había quedado en -1.247 millones por los costes de Unnim y CAM. Distintos banqueros han mostrado públicamente su oposición a esta utilización de un fondo cuyo objetivo debería ser cubrir los depósitos en caso de quiebra de una entidad. Emilio Botín ha criticado que se utilice para solucionar el problema de las preferentes a los que "lo hicieron mal" y Dolores Dancausa (CEO de Bankinter) ha extendido esa protesta al uso de este colchón para inyectar capital a las entidades insolventes o dar garantías para su venta.

Otra vuelta de tuerca

Aparte, tenemos otros conceptos cuya inclusión es más discutible. Por ejemplo, la citada participación en el accionariado de Sareb, que asciende a 2.608 millones. Es discutible puesto que la teoría es que los bancos han invertido en este vehículo porque esperan obtener una rentabilidad, no porque el Gobierno se lo haya 'sugerido'. Por no hablar de otras 'sugerencias', como la participación en el fondo de pago a proveedores o el famoso préstamo a Loterías de 6.000 millones que finalmente fracasó. Aunque en estos dos casos no se trata de inyecciones de capital, sino de préstamos que, se supone, se devolverán en algún momento del futuro.

Todo eso sin contar con las provisiones que han tenido que dotar para cubrir los propios pecados de cada casa, en especial los obligados por los dos reales decretos de Guindos sobre la exposición inmobiliaria, que condujeron a pérdidas en España prácticamente a todas las entidades en 2012. En todo caso, el fondo europeo supone una nueva vuelta de tuerca a un sector que muchos ciudadanos consideran el gran culpable de la crisis. En esta línea van también el endurecimiento del tratamiento de los créditos refinanciados (y las medidas posteriores que probablemente vendrán para hacer aflorar la morosidad oculta), la petición de que retiren las cláusulas suelo o las limitaciones a los dividendos impuestas ayer por el Banco de España, que 'aconseja' que no se reparta más del 25% del beneficio.