Marsans, Aerolíneas, Air Comet, Caja Madrid: un horizonte penal plagado de nubes

Gerardo Díaz Ferrán acumula un sinfín de causas judiciales que ponen en evidencia su periodo al frente de la patronal de empresarios. Sólo en la Audiencia Nacional debe dar la cara en tres procesos, por las quiebras de Marsans y de Aerolíneas Argentinas. Dejó sin pagar a los mayoristas de Viajes Marsans un total de 45 millones de euros y más de cuatro millones y medio de euros a miles de clientes que pagaron sus paquetes vacacionales que nunca llegaron a disfrutar.

Dos imputaciones y un juicio fijado para febrero es lo que le queda al empresario por delante en la Audiencia Nacional. Apropiación indebida, blanqueo de capitales, insolvencia punible o alzamiento de bienes son algunos de los delitos que deberá hacer frente y que podrían llevarle a prisión una temporada.

Será el juez Eloy Velasco quien decida si existe riesgo de fuga, reiteración delictiva o destrucción de pruebas para ordenar su ingreso en prisión incondicional o con fianza.

Otro juez de la Audiencia, Santiago Pedraz, le investiga por apropiarse el dinero de 4.700 clientes de Marsans, que en caso de ser juzgado y condenado, podría acabar en la cárcel por un máximo de seis años.

El expropietario de Spanair deberá hacer frente a todas estas causas en solitario después de que su compañero en todas las presidencias, Gonzalo Pascual, falleciera recientemente, ya con varias causas en curso. Ningún otro va de la mano con él en todos los procedimientos judiciales.

En tan sólo dos meses, se le verá sentado también en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional por defraudar 99 millones de euros a la Hacienda Pública, correspondientes al impuesto de sociedades de la aerolínea Air Comet en el ejercicio 2001-2002, dentro de la investigación abierta por el 'caso Aerolíneas Argentinas”, que investiga las presuntas irregularidades en la compra y privatización de Aerolíneas Argentinas por parte de Air Comet en 2001.

Sus causas judiciales podrían seguir incrementándose ya que su nombre sale en un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en la investigación que mantiene el juez Pablo Ruz contra Nueva Rumasa. La Policía sostiene que Díaz Ferrán, junto al actual dueño de Viajes Marsans, Ángel de Cabo, desviaron a Suiza 4,9 millones de euros que procederían del Grupo Marsans.

Los problemas judiciales de Díaz Ferrán comenzaron cuando, tras la quiebra de Air Comet, llegó la falta de liquidez de Marsans. Él, junto a su socio, decidieron vender la empresa a Posibilitum Business, de Del Cabo, también detenido ahora por la Policía, dejando una deuda de 183 millones de euros. Desde entonces, las querellas y demandas no han cesado.

A Díaz Ferrán se le agolpan las causas. Este miércoles, deberá acudir o ser trasladado (dependiendo si sigue detenido) a los madrileños Juzgados de Plaza de Castilla para declarar en calidad de imputado, junto al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, por la concesión de un crédito de 26,6 millones de euros de la entidad madrileña cuando Marsans ya estaba en quiebra.

Marsans no son sus únicos problemas. El empresario está también detrás de la quiebra de Air Comet en diciembre de 2009. Le supuso el embargo de parte de los bienes. Otro juzgado de lo Mercantil de Madrid, el 8, puso en tutela judicial el patrimonio de Inversiones Grudisan, sociedad de Díaz Ferrán y su socio, en donde también están los hijos de ambos -Gerardo Díaz Santamaría e Ignacio Pascual de Riva- así como José María Llodrá Serrano, para responder solidariamente a la suma de 37,6 millones que se podrían exigir por las “graves irregularidades” detectadas en la gestión de Air Comet.

Además, en Palma de Mallorca, también está imputado en la ‘Operación Mar Blau’, como propietario del conglomerado de empresas Trapsayates, que investigaba una presunta trata de concursos amañados a través de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB).

A estas causas penales, habría que sumas todas las concursales abiertas en los juzgados tanto por Marsans como por Aerolíneas Argentinas. En junio, la administración concursal de Viajes Marsans solicitó la pena de quince años de inhabilitación. Se trata del máximo que la ley concursal contempla.