Becerril exige a la CNMV que entregue de urgencia los expedientes de las preferentes

La Defensora del Pueblo ha presentado una reclamación a la CNMV para que entregue de manera inmediata los expedientes sancionadores contra las entidades de crédito que comercializaron participaciones preferentes de manera presuntamente irregular. La solicitud de la institución que preside Soledad Becerril se produce días después del anuncio efectuado por el director general de Entidades de la Comisión de Valores, José María Marco, quien detalló en el Congreso de los Diputados la apertura de 17 investigaciones a un total de nueve grupos financieros.

La intervención del responsable de la CNMV en la subcomisión parlamentaria organizada para velar por la transparencia de los productos financieros no fue todo lo afortunada que habría deseado Elvira Rodríguez. La nueva presidenta de la Comisión de Valores tiene que pelar con mucho cuidado la patata caliente que le ha dejado su antecesor, Julio Segura, para evitar que la política laxa del organismo regulador termine generando alguna responsabilidad económica al Estado, ahora que muchos ahorradores particulares están a punto de perder hasta la camisa en sus inversiones con preferentes.

Marco habló a puerta cerrada en el Congreso, pero sus palabras fueron después difundidas de boca en boca entre sus señorías dentro de una espiral disparatada de comentarios con escaso rigor y que apuntaban incluso la posibilidad de expedientar a todos y cada uno de los bancos que no hubieran cerrado el canje de sus productos híbridos. Algunos diputados especialmente suspicaces interpretaron que los expedientes abiertos se extendían a todas las preferentes en circulación, de modo y manera que las sanciones deberían ampliarse sobre una referencia de casi 6.000 millones de euros, una barbaridad que lógicamente ha disparado las alarmas de la Defensora del Pueblo.

Las discusiones se trasladan ahora al ámbito de actuación de la CNMV, que no está capacitada para desvelar el contenido de sus investigaciones, ni siquiera en el supuesto de expedientes tan sensibles desde el punto de vista social, como puedan ser los relativos a las participaciones preferentes del sector bancario. Elvira Rodríguez va a tener que hacer horas extras para concienciar a Soledad Becerril y a su adjunto primero, el socialista Francisco Fernández Marugán, acerca de la máxima prudencia que exige la ley del Mercado de Valores.

La Comisión de Valores está ahora obligada a poner sordina a un escándalo cuya escenificación pública puede deteriorar todavía un poco más la confianza de los inversores internacionales en la maltrecha economía española. La citada normativa garantiza la confidencialidad en el desarrollo de los expedientes, pero igualmente contempla la publicación de las sanciones en el BOE siguiendo lo establecido en la ley de Procedimiento Administrativo. Además, en el supuesto de que las infracciones cometidas impliquen inhabilitación, suspensión o separación del cargo de consejero en las entidades afectadas se impone también la necesidad de hacer constar el resultado de las investigaciones en el Registro Mercantil.

Según la información facilitada por el director general de Entidades de la CNMV, los 17 expedientes abiertos están centrados en tres grandes grupos de incumplimientos por parte de los emisores. Seis de ellos se deben a entidades que o no han valorado la conveniencia del producto, o lo han hecho de manera sesgada. Nueve se refieren a una inadecuada gestión de conflictos de interés y dos corresponden a defectos de la información reportada a los inversores.

La cuestión que se plantea la Defensora del Pueblo reside en conocer hasta qué punto estas prácticas no podrían haber sido prevenidas por la CNMV con un 'control a priori' de los folletos de emisión. La labor de denuncia de Soledad Becerril ha servido para modificar la regulación sobre productos híbridos en España, limitando su comercialización a inversores particulares y ampliando el importe nominal de los títulos a un mínimo de 100.000 euros.

Los cambios normativos no redimen en ningún caso a los inversores que colocaron sus ahorros en las antiguas emisiones porque las condiciones del rescate financiero a duras penas van a resarcir las pérdidas. Las asociaciones de consumidores han llegado a cifrar en un millón de clientes el número de inversores atrapados en las preferentes de las cajas de ahorros. Muchos de ellos siguen pendientes de solución y nadie quiere descartar la posibilidad de que sea el Estado, a partir de la responsabilidad patrimonial de la CNMV, el que termine pagando el pato.