La banca 'zombi' prolonga su agonía tras batir un nuevo récord de avales del Estado

La prolongación en el tiempo de la crisis financiera y económica está teniendo efectos devastadores sobre el crédito. Pero, también, sobre el riesgo asumido por el Estado. Hasta el punto de que la deuda avalada por el sector público por emisiones realizadas por las entidades financieras supera, por primera vez, la barrera de los 100.000 millones de euros. En concreto, 100.274 millones que ha avalado el Estado a los bancos incapaces de financiarse en los mercados mayoristas.

La cifra representa alrededor del 10% del PIB, y lo más relevante no es sólo la cifra, sino su evolución, que refleja de manera nítida que los problemas de financiación -pese a las inyecciones de liquidez del BCE- lejos de resolverse, empeoran. En apenas un año, los avales han crecido un 33%, pero nada indica que se vaya a detener esta evolución. De hecho, el actual Gobierno tuvo que ampliar el programa de avales del Estado durante todo el año 2012 hasta un máximo de 196.043 millones de euros, lo que refleja el riesgo que ha asumido el Estado en caso de que alguna entidad financiera -las denominadas ‘zombies’- quiebre o no pueda hacer frente a sus vencimientos.

Y en lo que va de año lo más relevante es que sólo una entidad, el Banco Financiero y de Ahorros -Bankia-, acapara la gran mayoría de los avales del Estado. En total, 15.000 millones de euros con cargo al programa de 2012 instrumentados a través de dos tramos, uno de 12.000 millones (al 5,1% de interés), y otro de 3.000 millones al 4,03%.

Muy lejos de esas cifras se mueven Banco CAM, que ha pedido avales por valor de 2.800 millones de euros; Banca Cívica, 1.000 millones; Banco de Valencia, 1.200 millones; Bankinter, 800 millones y Unnim Banc, 900 millones.

Para hacerse una idea de lo que significa la política de avales hay que tener en cuenta que al comenzar la crisis -año 2008- su cuantía total ascendía a apenas 8.152 millones de euros, lo que significa que en apenas tres años se ha multiplicado por doce.

La cuantía es tan relevante que en la norma que regula el Programa de Avales de 2012, el nuevo Gobierno incluyó una disposición adicional que compromete al Tesoro Público a comunicar al Banco de España la ejecución de algún aval por si cabe alguna sanción en el marco de la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.

Ejecución de avales

El Ministerio de Economía recuerda que el Estado, “en su condición de avalista” ostenta “todos y cada uno de los derechos reconocidos por la legislación aplicable para el caso de ejecución del aval”, lo que significa lisa y llanamente que las pérdidas en caso de quiebra corren por cuenta del sector público.

Y lo cierto es que la situación de una parte del sistema financiero español lejos de mejorar, empeora, lo que explica que banqueros como Francisco González (BBVA) o Miguel Martín (AEB) reclamen de manera cada vez más insistente que el Estado deje caer a las entidades inviables que sobreviven sólo gracias a la implicación del Estado.

No sólo ellos. La desconfianza sobre los balances bancarios explica que buena parte de las dos últimas inyecciones de liquidez que ha realizado el BCE haya hecho un recorrido de ida y vuelta. Las entidades toman dinero al 1% y luego lo depositan en el Banco Central Europeo para disponer de él y garantizarse de que tendrán liquidez y poder hacer frente a sus vencimientos.

En la última subasta, se prestaron 529.500 millones a 800 entidades a tres años, pero los depósitos en el BCE han alcanzado, al mismo tiempo, un nuevo récord histórico, hasta los 821.000 millones que en lugar de destinarse a crédito se quedan en el balance del banco central. Los bancos pierden dinero con esta operación, pero aún así les sigue saliendo más rentable ya que se garantizan la liquidez cuando la necesiten. Y en el caso de Bankia, recibió 25.000 millones de euros, a los que hay que sumar otros 15.000 millones de la anterior subasta. La entidad fue la que más fondos recibió del conjunto de la eurozona.