Una ley dependiente de la voluntad política

Soraya Saenz de Santamaría ha anunciado, tras el Consejo de Ministros,la aprobación deAntes dela Ley de Propiedad Intelectual. El ministro de Eduación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, aseguró que es la primera vez que una ley de propiedad intelectual incluye una compensación equitativa por los motores de búsqueda sobre los contenidos informativos, entretenimiento y opinión. “Los editores [o los dueños de esos textos] tienen derecho a ser compensados por aquellos motores que utilicen fragmentos, aunque no necesiten permiso de los propietarios de los contenidos”. Es decir, Google News deberá compensar, entre otros, a los medios de comunicación.

Una ley quenace sin consenso con las partes implicadas en su desarrollo. Ni las industrias tecnológicas, ni las operadoras de telefonía, ni las industrias culturales. Ni al Consejo de Estado. ¿Es una buena ley una ley sin avales? La repercusión económica de la reforma afecta a los ministerios de Economía y Competitividad, Hacienda y Administraciones Públicas, Industria, Energía y Turismo, Justicia y, claro está, Educación, Cultura y Deporte.

Las medidas que recoge la Ley se agrupan en tres bloques: el sistema de compensación por copia privada, el diseño del control y supervisión de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual y el “fortalecimiento de los instrumentos de reacción frente a las vulneraciones de derechos”, es decir, resortes antipiratería.

Dos sentencias de la Unión Europea de última hora cuestionan el texto de la nueva Ley de Propiedad Intelectual: determinan el canon digital y el bloqueo automático de las webs de enlaces

Tal y como ha podido saber este periódico, según la leyaprobadapor el Consejo de Ministros hoy, la “compensación equitativa” por copia “se realizará anualmente con cargo a la ley de Presupuestos Generales del Estado y no por las industrias tecnológicas. El pago se hará a través de las entidades de gestión de derechos para hacer “eficaz” la distribución de la compensación. Sin embargo, el Consejo de Estado asestó un duro varapalo al anteproyecto al concluir que, una vez anulado el Canon Digital en diciembre de 2011, la nueva medida a coste público “no resulta suficiente para cubrir las necesidades”.

Europa ya la cuestiona

Precisamente, ayer se aprobaron dos cambios en el marco regulatorio de la propiedad intelectual que afecta al anteproyecto que propone el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Por un lado, se aprueba en la Comisión Jurídica del Parlamento Europeo el llamado “Informe Castex”, que indica que la compensación por copia privada debe ser pagada por los fabricantes e importadores. Es decir, que el actual sistema de compensación –que se mantiene en el anteproyecto- no se ajusta a la normativa europea.

El Consejo de Estado, por su parte, fue claro: “Desconoce o trata de soslayar la realidad social sobre la que se proyecta aplicar y presenta muy serias dudas sobre su capacidad paralograr la adecuada retribución del perjuicio causado a los titulares de los derechos”.

La segunda sentencia afecta a las páginas de enlaces: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que enlazar a contenidos puestos a disposición en internet sin autorización de los titulares de derechos es una conducta ilícita. Las entidades de gestión afectadas aseguran que la claridad con la que se ha pronunciado el Tribunal afecta al procedimiento de retirada de esas páginas, acción que le corresponde a la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual y que en estos momentos tarda una media de 400 días en valorar un expediente.

No se tipifica el bloqueo inmediato de webs que agredan a los derechos de autor, sino que “en caso de incumplimiento reiterado de los requerimientos de retirada”, quienes vulneren los derechos serán sancionados

“El procedimiento debería modificarse para que el bloqueo del acceso a dichas páginas de enlaces se produzca de forma automática a la solicitud de los titulares afectados”, explican las sociedades de gestión de derechos consultadas. El Consejo de Estado ya advertía que la reforma tendrá “dificultades para convertirse en un instrumento eficaz en la lucha contra la piratería en el entorno digital”.

No al bloqueo inmediato

En el anteproyecto al que ha tenido acceso El Confidencial se cita con una vaguedad extrema que una de las medidas consiste en “acometer una revisión del procedimiento de salvaguarda de los derechos”. Pero no dice cómo, ni cuántos funcionarios más velarán en esta Comisión por los derechos. No se tipifica tampoco el bloqueo inmediato, sino que “en caso de incumplimiento reiterado de los requerimientos de retirada”, quienes vulneren los derechos serán sancionados.

Fuentes cercanas a las duras negociaciones entre ministerios aseguran a este periódico que las operadoras se niegan a bloquear. De hecho, no quieren que ni siquiera aparezca mencionada la palabra bloqueo en el texto refundado, a pesar de que las industrias culturales lo que piden es que el bloqueo no sea una medida subsidiaria.

“La Sección Segunda seguirá necesitando más funcionarios para actuar con rapidez. Es una ley que, tal y como está concebida, depende de la voluntad política. Y se ha demostrado en este último año que cualquier paso que se acerque a la defensa eficiente de la propiedad intelectual es paralizado”, explican las fuentes solventes. También explican que aunque se tome el bloqueo como último recurso, es un “pequeño” paso adelante.

Google, bueno

Ojo, ¿no es Google un prestador de servicio que facilita la localización de obras, además de una fiel empresa patrocinadora de la reciente Convención Nacional del Partido Popular, en Valladolid? Para el anteproyecto, no: “Lo anterior, sin embargo, no afecta a prestadores que desarrollen actividades de mera intermediación técnica, como puede ser, entre otras, una actividad neutral de motor de búsqueda de contenidos o cuya actividad no consista en facilitar activa y no neutralmente la localización de contenidos protegidos ofrecidos ilícitamente”.

Según la nueva ley Google ejerce una actividad neutral como motor de búsqueda, aunque facilite de manera activa la localización de contenidos protegidos ofrecidos ilícitamente

Para el análisis del Consejo de Estado este texto “induce a considerar que se pretende excluir del régimen del procedimiento de salvaguarda a los grandes motores de búsqueda, lo que no se considera adecuado dado que estas empresas no presentan una configuración uniforme, ni unívoca, que responda a la identificación de la actividad que desarrollan”.

Por si fuera poco, todas las sociedades de gestión de los derechos de propiedad intelectual están en contra. No todas. Denuncian que refuerza la posibilidad de monopolio de la sociedad más grande en caso de no llegar a acuerdo en cinco meses entre todas para determinar la “ventanilla única”: “Las entidades de gestión dispondrán delplazo de cinco mesesdesde la entrada en vigor de la Ley para acordar los términos desu forma de actuación conjunta o representación única”.

Nacionalización de las sociedades

El texto continúa: “A falta de acuerdo entre las entidades de gestión y dentro del término improrrogable de dos meses desde la finalización del plazo anterior, la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectualpodrá atribuir la representación únicaa aquella entidad de gestión que sea titular de la red territorial de administraciónde derechos más ampliay cuente con el mayor número de usuarios licenciados”. La SGAE tendrá prioridad, porque cuenta con la mayor parte del negocio. Así que, ¿para qué negociar?

No todo es miel y hojuelas para la gran sociedad de gestión de derechos. “La experiencia acumulada ha permitido identificar problemas en el funcionamiento del modelo y ha revelado aspectos que admiten amplios márgenes de mejora, singularmente en lo referido a la eficacia y trasparencia del sistema”, se puede leer en el texto del anteproyecto.

Las sociedades de gestión deberán someterse al control de la Administración Pública para garantizar los derechos de sus socios. Las tarifas las determina el Estado, que podrá ejecutar procedimientos sancionadores a las sociedades, en caso de infracción

A raíz de la intervención de la Justicia (caso SAGA) el Estado tiene legitimidad para “exigir adoptar medidas de control que permitan garantizar la gestión de todos los derechos de los autores”. La sospecha hace que las entidades pasen a tener que rendir cuentas con las Administraciones Públicas. Las entidades, dice el anteproyecto, “deberán presentar cuentas anuales”, en las que se incluirá “información sobre las actividades desarrolladas”. Todas “someterán a auditoría sus cuentas anuales”.

Además, se crea la Comisión de Propiedad Intelectual, que realizará funciones de mediación, arbitraje, determinación de tarifas, control y salvaguarda. También se incluye procedimientos sancionadores por las infracciones que cometan en el ejercicio de sus funciones.

Nadie aplaude esta ley, aunque a algunos les deje más tranquilos que a otros: ni las industrias tecnológicas ni las operadoras quieren cortar a los que violan los derechos; las industriasculturales no se ven representadas porque no hay un modelo eficiente de protección de derechos en internet y dudan de que la voluntad política esté de su parte; los hoteleros no quieren pagar tanto; las sociedades de gestión quieren volver al canon digital; las televisiones de pago quieren proteger el fútbol de las “rojas directas” y no ven su negocio cubierto; la prensa también trata de incluir la tasa a Google News por indexar sus noticias… José María Lassalle, el director de orquesta que firma el anteproyecto, ha tenido que negociar mucho con las partes más fuertes. Tanto, que la ley puede haber quedado desfigurada. Habrá que ponerla a prueba.