El multimillonario, la brasileña y cómo verse de pronto casado por sentencia

La sentencia que dictará el próximo julio la Corte Suprema canadiense puede hacer que más de un millón de quebequeses se conviertan en casados sin quererlo. En Quebec existe una institución jurídica, la de las parejas de facto (Spouses de facto), que cuentan con un régimen especial. Se considera en esa situación a las parejas que llevan un año o más conviviendo sin estar casados, y que realizan conjuntamente la declaración de la renta. Este régimen tiene una especificidad según la cual la ruptura de la relación no genera ningún tipo de derechos o de responsabilidades. Con independencia de los años de cohabitación, ninguno de los “esposos” debe pasar pensión compensatoria o de alimentos, incluso en el caso de que las diferencias económicas entre ambos sean muy acusadas.

En esa situación de facto se encontraban los conocidos como Eric y Lola, nombres ficticios (la ley canadiense obliga a proteger su identidad para no perjudicar a los niños) bajo los que se esconden un multimillonario canadiense y una latinoamericana que comenzaron la convivencia hace una década, cuando ella tenía 17 años y él 32. No contrajeron matrimonio, a pesar de tener tres hijos en común, porque Eric decía, como buen quebequés, que casarse no merecía la pena. Esta convivencia de facto es muy popular en la provincia canadiense, afectando a un 34.6% de sus parejas (de hecho, el 60% de los niños quebequenses han nacido fuera del matrimonio). Esta elevada aceptación se debe a una costumbre arraigada, que ha perdurado combatiendo las presiones morales de una zona geográfica que cuenta con una notable influencia religiosa, y a los fundamentos políticos, ya que los legisladores quebequeses entendieron que lo esencial era preservar la voluntad de quienes querían convivir de esa manera por encima de los derechos de los cónyuges o de los hijos.

La sentencia de la discordia

Pero estos argumentos no convencieron a Lola, a quien pareció injusto quedarse sin aquellos derechos que cualquier otra pareja canadiense detentaba. Entabló una demanda solicitando 39 millones de euros por la separación, además de una pensión de 43.000 euros mensuales, a pesar de que su marido ya pagaba 320.000 euros anuales como pensión para la manutención de sus hijos.  La corte provincial de Quebec desestimó la demanda pero Lola no se dio por vencida, y siguió adelante con el proceso. El Tribunal de apelación tomó en consideración sus argumentos, dictando un fallo que estimaba sus pretensiones y que abría la puerta para que cualquier persona en esa situación hiciera valer los mismos derechos.

Lo cual supondría acabar con la figura jurídica denominada Spouses de facto y con ella, con el régimen de convivencia de un millón doscientos mil quebequeses. El gobierno de la provincia canadiense ya ha recurrido la decisión del Tribunal de apelación argumentando que la sentencia podría dañar gravemente los derechos de unos ciudadanos que habían elegido establecer su convivencia en términos muy distintos.

Un acuerdo privado, por si acaso

La Corte Suprema canadiense emitirá el próximo mes de julio un nuevo fallo en el que decidirá no sólo qué cantidad percibirá Lola tras su “divorcio”, sino cuáles serán los derechos que de verdad detenten los ciudadanos de Quebec. Por si acaso, los más avispados ya están firmando acuerdos privados en los que se aseguran que las Spouses de facto siguen siendo Spouses de facto y que, por tanto, no se verán obligados a pagar pensión a sus parejas si abandonan la convivencia.