Cine y ayudas públicas: mejor ajustes paulatinos que cambios de modelo

Esta última semana, los medios nos han inundado con informaciones y opiniones sobre la conveniencia o no de continuar con las subvenciones al cine. Creo que se habla demasiado de las ayudas al cine, que representan apenas el 18% del valor de la producción española, y no se presta atención alguna al restante 82%.

En el reciente III Encuentro Anual de Productores Audiovisuales Españoles se abordaron una decena de asuntos trascendentales todos ellos en la economía del sector, pero la atención mediática se ha centrado en las ayudas y sus posibles cambios. El resto, el cambio de modelo de negocio especialmente, apenas ha tenido relevancia en la prensa.

Puesto que provocan tanta atención, la pregunta previa debe ser si las ayudas a la producción son necesarias. Para ello lo mejor es mirar qué sucede a nuestro alrededor y más allá.

Ningún país con industria cinematográfica (y eso incluye los Estados Unidos  o Canadá) deja de ayudarla, por una vía u otra. Y España no es precisamente uno de los países más generosos. Más allá de su valor cultural, la producción cinematográfica genera empleo directo de calidad y especializado de forma relevante (cada película emplea más de 125 personas), y una notable cantidad de empleo indirecto (desde industrias técnicas a la hostelería), además de generar exportaciones (el cine español obtiene buena parte de sus ingresos en los mercados exteriores) y ayudar a configurar la imagen de país – tan traída y llevada desde hace unos meses-.

El sector audiovisual en general, y en especial la producción cinematográfica, está inmerso en un cambio del modelo de negocio al que intenta adaptarse, y en ello le va la vida al cine comercial como hoy lo concebimos. El reto es superar el actual modelo, basado en ventanas de medios y tiempos gobernadas por la exclusividad.

Posiblemente sea demasiado pronto para decir cuál será el nuevo modelo, visto que, incluso en los casos de éxito (Netflix), los resultados económicos no acaban de ser convincentes para los omnipotentes mercados. Por ello, hay que preguntarse si en este tiempo de incertidumbre es prudente hacer mudanzas, o si no será mejor hacer ajustes paulatinos, y dejar los empeños mayores para más adelante, cuando siquiera vislumbremos el nuevo modelo de negocio, y, esencial, de financiación. No se trata sólo de hacer películas, sino de saber cómo financiarlas.

El ajuste más efectivo son las deducciones (que no desgravaciones) fiscales, que tienen ya una veintena de años. El cambio de 2007, que intentó migrar a los llamados transferable tax credits del sistema anglosajón, se quedó corto (18% sobre la inversión) y, además, generó más incertidumbres que seguridad. Este ajuste del sistema, que puede ser tremendamente eficaz a corto plazo, debe descansar en cuatro principios:

1º.   Seguridad. La propia deducción, y su cuantía, no pueden depender de una posterior interpretación de la administración tributaria, como sucede en la actualidad. Lo que, evidentemente, retrae al posible inversor. Máxime cuando, además, cualquier disputa en sede judicial es de una duración insoportable.

2º.   Permanencia o al menos, la certeza temporal del incentivo. Las deducciones actuales tenían fecha de caducidad en el último día de 2011; in extremis se prorrogaron hasta final de 2012. Entre la primera idea de una película y la finalización de la producción transcurre más de un año. Como la deducción no es posible sino cuando ésta se ha finalizado, la incertidumbre acerca de la prórroga aleja incluso a los más confiados.

3º.   Cuantía del incentivo. El porcentaje actual, máxime con la necesidad de implementarlo a través de un instrumento jurídico sofisticado, y, por lo tanto con un coste de gestión, como son las AIEs, es ciertamente poco incentivador. El entorno del 40% que se ha manejado debería ser el límite mínimo.

4º.   Simplificación del vehículo y del propio sistema. La actual regulación obliga al inversor a transitar por un vehículo (las AIEs), complejo, que difícilmente se ajusta al fin perseguido y, además, lleva aparejado un coste de gestión, que reduce el incentivo real.

Pero no es este el único mecanismo de incentivación posible de forma inmediata. En 2006 el cine español se adelantó a la crisis financiera, y creó Audiovisual Aval SGR, que garantiza a los bancos los créditos que necesitan los productores para financiar cada nueva película, lo que les permite adelantar ingresos futuros. Más del 50% de la producción comercial española de los últimos años se ha financiado (en realidad ha sido posible) a través de ella, con un índice de morosidad seis veces inferior a la banca. A coste cero para el contribuyente. Un reforzamiento de su capital, en el que la Administración y el sector audiovisual son socios a partes iguales, es esencial para que la producción pueda abordar el cambio de modelo de negocio en condiciones de competitividad.

El cine español ha tenido ocasión de experimentar en propia carne la destrucción creativa schumpeteriana en dos ocasiones, 1963/1968 y  1983/1988. De ambas salió mejor cine, pero a costa de liquidar la industria existente. Un tránsito más pacífico, menos destructor, debería ser la elección.

José Antonio Suárez Lozano* es Socio Director de Suárez de la Dehesa Abogados | @suarezlozano