¿Deben los políticos decidir qué ciencia se financia con fondos públicos?

Estados Unidos vive un apasionante debate estos días sobre quién debe tomar las decisiones de qué ciencia merece la pena financiar. El congresista republicano por Texas Lamar Smith ha presentado una propuesta de ley en la que sugiere que, antes de conceder una beca o ayuda pública, el director de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF, por sus siglas en inglés) debe confirmar por escrito que esa investigación es “pionera y de la más alta calidad, que responde preguntas o resuelve problemas que son de importancia para la sociedad, y que no duplica cualquier otra investigación financiada por una agencia federal”. Otro senador republicano, Tom Coburn, exigía hace unos meses que los científicos que utilicen fondos públicos demuestren que obtienen resultados económicos o que sus estudios son vitales para la seguridad nacional.

La propuesta de Smith y Coburn ha puesto en pie de guerra a los científicos estadounidenses. Algunos de ellos se muestran escandalizados por el hecho de que Smith, que también es el presidente del Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología del Congreso, no sepa cómo funciona la ciencia. Son científicos los que evalúan y valoran los proyectos de sus compañeros por el proceso conocido como revisión por pares (peer review); son ellos los que deciden si esas investigaciones son o no pioneras, y lo hacen con criterios técnicos y con independencia de los poderes políticos.

Eso permite, por ejemplo, que se financien estudios o investigaciones que quizá no tengan una aplicación inmediata “para la sociedad”, como exige Smith, pero sí terminan teniéndola a largo plazo, ya que una de las cuestiones que caracterizan a la ciencia básica es que rara vez ofrece retornos económicos inmediatos. La ciencia estadounidense es competitiva, explica el quimico Ash Jogalekar en su blog en Scientific American, “porque pone a los mejores científicos juntos y los deja en paz”.

La polémica ha sido de tal calibre que el presidente Barack Obama, en un discurso pronunciado el martes pasado en la propia NSF, realizó una defensa cerrada del “riguroso” sistema de revisión por pares para “mantener la ventaja competitiva” de la ciencia estadounidense.

Tras la polémica, Smith ha intentado explicarse mejor, escribiendo una carta en la que cuenta que no quiere eliminar el sistema de revisión por pares sino, simplemente, añadir una capa más para asegurarse de que “los dólares de los contribuyentes son gastados con responsabilidad” en investigaciones “de la más alta calidad”. Es, efectivamente, una buena idea asegurarse de que el dinero público se gasta correctamente. Hace unas semanas comentábamos en este mismo blog que el informe del Tribunal de Cuentas que refleja los abusos cometidos en la ciencia subvencionada solo hace daño a los científicos que gastan ese dinero de forma correcta, y que son necesarias revisiones muy estrictas sobre cómo se gasta ese dinero, aun a pesar de que algunos científicos se sientan molestos por el simple hecho de estar sometidos a los mismos controles que los demás.

Pero ¿deben los ciudadanos, a través de sus representantes políticos, decidir qué investigaciones son “de la más alta calidad” y, por tanto, deben ser financiadas con dinero público? La polémica estadounidense es muy interesante y, lamentablemente, no es replicable en nuestro país. En España, los proyectos financiados por el Plan Nacional son revisados por los expertos de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) y, aún así, los científicos denuncian injerencias políticas y solicitan desde hace años la creación de una Agencia de Investigación. No está ni es esperada en el corto plazo.