Nepotismo, filtraciones e ignorancia: las sombras sobre la Comisión Sinde

Ya conocemos los nombres de los integrantes de la Comisión Sinde. Concretamente son nueve, un presidente, cuatro titulares (uno por cada ministerio) y sus correspondientes suplentes. 

La información fue desvelada por el periodista de El Mundo Pablo Romero en una sucinta pieza que, si bien contaba lo importante, los nombres y los cargos, no abunda en detalles sobre los hombres que no solo deciden qué páginas vulneran los derechos de autor, sino que cuentan con el poder de incoar un expediente de cierre sin intermediación judicial. Y lo cierto es que sobre los miembros se ciernen acusaciones de nepotismo, filtraciones a gobiernos extranjeros y desconocimiento de las bases de la industria.

Es la presidenta de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, más conocida popularmente con el nombre de la ministra que la impulsó, Ángeles González-Sinde. Lizaranzu (Madrid, 1968) es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, aunque a los 29 ingresa en la Carrera Diplomática, un campo que finalmente marcará su carrera profesional. Ha estado destinada en la Embaja de España en Helsinki, ha ejercido como Cónsul General Adjunta en Jerusalén y en 2006 es nombrada Consejera en la Embajada de España en Berlín.  

Más allá de que su trayectoria no la avale como garante de la propiedad intelectual, la figura de Lizaranzu se desdibuja entre las sospechas de nepotismo. Pertenece al conocido como 'club de los Sorayos', un ramillete de dirigentes en torno a los 40 que han hecho política a la sombra de Soraya Sáenz de Santamaría. Es precisamente la vicepresidenta del Gobierno quien propone a Lizaranzu para la dirección general de Industrias Culturales y del Libro, cargo que ocupa actualmente y para el que solo ha presentado las credenciales como presidenta de la asociación Acción Cultural.

Este inesperado nombramiento, sumado al hecho de ser la esposa del principal 'fontanero' económico del Gobierno, Álvaro Nadal, es visto como un movimiento de Sáenz de Santamaría para tener voz en el Ministerio de Cultura, aunque también como el enésimo episodio de 'enchufismo' familiar Nadal. Y es que, desde que es jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro ha visto medrar a su mujer y a su hermano gemelo Alberto, que en enero se convertía en el secretario de Estado de Energía.

Las sospechas de nepotismo no se limitan a su entorno, sino que le afectan directamente a ella. Según desveló El Confidencial hace unas semanas, Lizaranzu adjudicó, a través de la empresa pública Acción Cultural, dos proyectos a Elvira Marco, a la sazón 'número dos' de Lizaranzu. Además de dotarla con un generoso salario -130.000 €/año-, la madrileña otorgó a una empresa de Marco la organización de los eventos de integración cultural 'Vidas Gitanas', así como un posterior desarrollo web. 

Otro de los señalados por supuesto 'enchufismo' es Carlos Romero Duplá, titular por el Ministerio de Industria en la Comisión Sinde. Romero es hijo del conde de Fontao, uno de los principales asesores del Rey y portador de un título nobiliario que se remonta al siglo XIX. No obstante y a diferencia de Lizaranzu, Romero sí cuenta con la experiencia de haber sido director de área de Red.es y asesor de la secretaría de Estado para las Telecomunicaciones.

Es el representante de Cultura en la Comisión Sinde. Licenciado en Derecho y con dos medallas al mérito, Guervós es Subdirector General de Propiedad Intelectual desde 2008; antes había ejercido diversos cargos en los ministerios de Trabajo e Interior. 

El nombre de Gervós saltó a la primera línea de actualidad por salir en la segunda tanda de los cables de WikiLeaks. Según publicaba 20 Minutos, una de las funciones de Guervós como representante del ministerio de Cultura consistía en filtrar a Estados Unidos los avances en la legislación contra la piratería. Así lo demuestra un teletipo clasificado de 2009 en el que se informa al ejecutivo de Obama del contenido de una reunión entre María Pallante, senior U.S. Copyright Offical, y el citado Guervós como cabeza visible del ministerio de Cultura.

En cable delata que Estados Unidos fue informado antes que los ciudadanos españoles de la legislación que estaba por llegar. Guervós le anticipó a Pallante el componente legislativo que llevaría el proyecto de ley que hoy es la ley Sinde-Wert. "El proyecto de ley contendrá tanto soluciones judiciales como administrativas (...) Gracias a los cambios, los jueces podrán pedir las direcciones IP de usuarios incluso cuando no se trate de un caso criminal", explica Pallante en el cable. 

Guervós sabía incluso cómo funcionaría la Comisión en la que posteriormente militaría: "La Comisión no tiene intención de emprender juicios penales, porque modificar el Código Penal podría ser una tarea ardua y controvertida". El subdirector general de Propiedad Intelectual prefería evitar este proceso, "que podría llegar hasta el Tribunal Constitucional", en favor de un procedimiento civil "sólido y ágil".   

También le reconoce a la enviada norteamericana que algunos ministerios discrepan con el contenido de la ley, pero que el apretado plazo que ha impuesto el Consejo de Ministros para su aprobación elimina cualquier posibilidad de echar atrás la legislación.

Es la titular de Presidencia. Presenta un perfil algo distinto a sus compañeros de comisión: no proviene del ámbito del Derecho, sino que es licenciada en Ciencias Físicas y funcionaria de carrera con el número 1 de su promoción. Con todo, lo que le diferencia del resto de la Comisión es la transparencia: posee cuentas en Twitter, Google+ y LinkedIn sin apenas restricciones de privacidad. 

También escribe un blog -"Pienso, luego escribo"- en el que se define como una ciudadana "liberal, progresista y no de izquierdas". Sin embargo no es su sesgo político sino su posición sobre la propiedad intelectual la principal preocupación de la comunidad internauta. En uno de los posts del blog ("Software libre y pasteles gratis"), Escapa se posiciona en torno al código abierto comparando un programa con un pastel ("¿Por qué no pedimos pasteles gratis? ¿O coches libres?"). El mismo artículo defiende que el Estado continúe pagando cuantiosas sumas por tecnologías que tienen equivalentes abiertos en contra de lo que reza en el punto 'i' del artículo cuarto de la Ley 11/2007 sobre el acceso electrónico de los ciudadanos a la Administración. 

El texto ha provocado la ira de Twitter, simbolizada por el mensaje del abogado-especialista David Bravo: "Si ese miembro de la comisión Sinde considera equiparable un bien físico y uno digital, ¿cómo pedirle que diferencie entre enlace y obra?"