SGAE, juez y parte

Todavía no me he acostumbrado a leer las noticias sobre la censura china en Internet. Son indignantes. Pero lo que no me entra en la cabeza de ningún modo es pensar que en España se está gestando algo muy similar, aunque se trate de ocultar bajo la estampa de la protección de autores y creadores.

En el anteproyecto de la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), el artículo 17 bis (pdf) encarga a la Sociedad General de Autores (SGAE) y a otras entidades gestoras de derechos el poder judicial de cerrar y ordenar la eliminación de páginas webs que tengan “contenidos ilícitos”. Además, esta ley obliga a los Prestadores de Servicios a velar por la legalidad de los contenidos de sus usuarios, es decir, ser la policía de Internet.

Hasta ahora, y como dicta el artículo 20.5 de la Constitución, sólo el poder judicial puede acordar el secuestro de una publicación o grabación, pero en Internet la SGAE podría convertirse en juez. Este nuevo juez parcial tendría el poder, ya no sólo de ordenar el cierre de una página web, sino también de retirar la conexión a Internet de un usuario que descargue material con copyright desde su ordenador.

Se ha cruzado una línea muy peligrosa. Pese a que finalmente este artículo será excluido provisionalmente -su contenido se tramitará en forma de una nueva ley-, el Gobierno no habla claro, aunque el Consejo de Estado la haya calificado de recorte de la libertad en Internet. Parece que se legisla a favor de una sociedad privada con concesión pública, que es una asociación que ha utilizado técnicas de “investigación” algo turbias y que, además, es una parte en el proceso contra la piratería. Quién podrá impedir que una vez que entre en vigor una norma como ésta no se desvíe hacia otros ámbitos mucho más controvertidos que el de los derechos de autor.

Imaginemos un poco. ¿Se censurará a Google porque almacena en sus servidores información sobre páginas con contenido ilegal? ¿Se cerrarán diarios digitales porque incurren en fracciones administrativas? La modificación que se introduce en esta ley no se ha hecho pública, los Ministerio de Industria y de Cultura no responden a preguntas sobre el tema y ni siquiera se ha comunicado con las asociaciones de usuarios y telecomunicaciones.

Convertir a la SGAE en juez y parte en un proceso que coarta la libertad de expresión, que despluma las alas a la libertad de prensa (de la que todos somos parte gracias a las posibilidades que ofrece Internet), ni mucho menos, supone el Impulso que necesita la Sociedad de la Información. Por el contrario, se crea una situación comparable a lo que ocurre en China y Cuba, los dos últimos países visitados por el Gobierno. Mucho han aprendido y yo me indigno.

* Chema Martínez-Priego es consultor de Comunicación Interactiva de Secuoyas