Solbes frena, de momento, el aval multimillonario del Gobierno a las promotoras inmobiliarias

Nuevo capítulo en el pulso soterrado que desde prácticamente el inicio de la legislatura mantiene el vicepresidente Pedro Solbes con la Oficina Económica del presidente del Gobierno. Primero con Miguel Sebastián y ahora con su sucesor, David Taguas. En esta ocasión, el motivo tiene que ver con la operación de rescate de las promotoras inmobiliarias que, según fuentes de toda solvencia, se ha diseñado desde la Moncloa.

La operación –se ha hablado de 10.000 millones de euros- consiste en la creación de una especie de línea de crédito destinada a las compañías con problemas de liquidez, y que en estos momentos no pueden acceder a los mecanismos de financiación convencionales por las restricciones del crédito en el mercado interbancario europeo. Taguas, tradicional valedor del ‘ladrillo’ ante el presidente Zapatero, se ha encontrado, en esta ocasión, con la oposición frontal de Pedro Solbes y de los propios gestores del Instituto de Crédito Oficial, que no encuentran razones para explicar por qué la industria inmobiliaria puede tener una financiación privilegiada y no el resto de sectores productivos.

Las emisiones del ICO cuentan con la máxima solvencia por parte de las agencias de calificación de riesgos (triple A) al estar avaladas por el Reino de España, por lo que cualquier crédito goza de unas condiciones privilegiadas.

Fuentes oficiales de absoluta solvencia aseguraron ayer a El Confidencial que lanzar esa línea de crédito “sería tanto como volver a los tiempos de la banca pública”, lo que explica la oposición de Solbes y del presidente del ICO, Aurelio Martínez, quien ayer admitió que desconocía el contenido de la propuesta. Martínez dejó bien claro que no había que repetir las malas experiencias del pasado, por lo que no había que ser “frívolo” con este asunto.

Financiación privilegiada

Las fuentes citadas, incluso, mostraron su extrañeza por la idea, toda vez que su articulación sería extremadamente compleja al tratarse de empresas privadas que se beneficiarían de una línea de crédito pública. No solamente la Comisión Europea podría abrir un expediente a España por ayudas ilegales que atentan contra la competencia, sino que otras empresas privadas en idéntica situación podrían pedir un trato no discriminatorio. El hecho de que la propuesta se ‘cuece’ en los aledaños económicos de la Moncloa lo pone de manifiesto que el propio presidente del ICO aseguró ayer no saber nada de ella. “Ahora bien, dijo, el ICO depende del Gobierno, y si éste dice lo que hay que hacer, el ICO lo hará”, subrayó.

El lobby del sector inmobiliario, el llamado G-14, es quien está intentando convencer a Moncloa de la necesidad de articular una línea de financiación. Su principal ejecutivo es el ex secretario de Estado de Economía Pedro Pérez, precisamente quien ‘fichó’ a la actual ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, como directora general de Incentivos Regionales, su primer cargo político en Madrid.

Gracias a sus gestiones, el Gobierno ya ha aprobado algunas medidas encaminadas a sacar del atolladero a las promotoras inmobiliarias, con unas deudas agregadas que superan los 293.000 millones de euros. Prácticamente el 29% del PIB de España.

Créditos para VPO

Tal y como ayer recordó el presidente del ICO, el pasado 25 de enero el Consejo de Ministros dio el visto bueno a que el Instituto de Crédito Oficial pueda conceder avales de hasta 3.000 millones de euros a los fondos de titulización de activos de las entidades financieras o de crédito para promover la financiación de la compra de viviendas protegidas (VPO). No se trata, por lo tanto de ayudas a la promoción libre, sino sólo a la de protección oficial, lo que en principio parece más coherente con sus objetivos.