El Banco de España exige a las cajas provisionar todo su suelo rústico por la caída de precios

El Banco de España exige a las cajas de ahorros que provisionen todos los terrenos rústicos que posean por la depreciación que provoca la nueva Ley del Suelo, que entró en vigor el pasado 1 de julio de 2007, según ha confirmado a El Confidencial una de estas entidades que ha preferido mantener el anonimato. A las cajas este abaratamiento les afecta por partida doble: por su exposición a los créditos a promotores y por sus propias carteras de suelo.

La nueva Ley recoge únicamente dos calificaciones básicas de suelo: el suelo urbanizado y suelo rural, con lo que desaparece de un plumazo la categoría de suelo urbanizable. Esto es lo que preocupa a todos aquellos dueños de suelo antes urbanizable, sean paisanos -en su acepción gala paysan-, promotores o entidades financieras, que ven cómo sus terrenos, hace unos meses fuente ilimitada de riqueza, se convierten en el mejor de los casos en una inversión a medio-largo plazo cuya reclasificación dependerá de las necesidades demográficas.

No en vano, tanto el presidente de Martinsa-Fadesa, Fernando Martín, como el de Reyal Urbis, Rafael Santamaría, ambos miembros del G-14, se quejaron recientemente de los “efectos colaterales perniciosos” sobre las tasaciones de esta nueva Ley.

“Años difíciles en el mercado residencial español”

“La nueva Ley del Suelo supone un claro abaratamiento del suelo, que supondrá en la tasación de la cartera de activos de las compañías una pérdida significativa de valor. Esta situación se registrará principalmente en aquellas compañías cuyas estrategias de inversión durante los últimos años las han llevado a contar en su cartera con activos de escasa o media madurez urbanística”, prosigue.

Como consecuencia lógica de este abaratamiento, Areitio cita “significativas diferencias entre el valor del suelo obtenido como consecuencia de una tasación y el propio valor de mercado del mismo, especialmente en aquellos suelos clasificados por la normativa autonómica como suelos urbanizables”.

Esto sucede en un momento difícil del mercado inmobiliario, caracterizado por un empeoramiento de las condiciones financieras. “La diferencia entre ambos valores supondrá un obstáculo más en la adquisición de nuevos suelos, ya que las tasaciones realizadas desde las entidades financieras estarán lejos de la realidad del mercado, lo que conllevará una menor obtención de financiación, muy por debajo de las necesidades reales”, añade.

En definitiva, para este experto, “la incertidumbre generada por la nueva Ley no ha hecho más que agravar el sentimiento de desconfianza existente en el mercado inmobiliario. Lo que unido al empeoramiento paulatino de la capacidad financiera de las familias, no hace más que presagiar años difíciles en el mercado residencial español”.

La Ley del Suelo no sólo tiene detractores. Entre sus defensores se encuentra Gerardo Roger, profesor de Urbanismo en el Instituto Pascual Madoz de la Universidad Carlos III de Madrid, quien opina que “ha sido positiva en la medida que plantea un régimen de valor que no recoge expectativas especulativas. Hemos pasado de ‘la tierra para el que la trabaja, a la tierra para el que la reclasifica’, afirma Roger. A su juicio, “esta ley potenciará la inversión productiva. Porque comprar el suelo para especular es fisiocrático y preindustrial. No se corresponde con el mercado”.