La juez Palacios envía la instrucción del caso de las cesiones de crédito a la Audiencia para iniciar el juicio

La juez Teresa Palacios ha dictado orden de traslado de todas las actuaciones del caso de las cesiones de crédito del Santander a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional con el fin de dar comienzo a la vista oral del caso. La orden, a la que ha tenido acceso este diario, está fechada el 16 de febrero y fue dada a conocer el lunes a las partes implicadas.

El traslado de toda la instrucción del caso a la Audiencia Nacional significa que la juez da por concluidas las actuaciones y que el juicio oral puede iniciarse sin que ninguna de las partes pueda ya interponer recurso alguno para retrasar la vista. Finales de octubre o principios de noviembre será la fecha más probable para que los principales encausados, entre ellos el propio Emilio Botín, se sienten en el banquillo.

Hace un par de años la juez Palacios dictó auto de transformación en el que observaba indicios racionales de criminalidad en el caso de las cesiones de crédito. Hace más o menos un año se formuló la acusación y los abogados defensores del Santander iniciaron un rosario de recursos y apelaciones para evitar la vista oral, que acabaron, incluso, con un recurso de amparo al Tribunal Constitucional.

En mayo de 2005 el Constitucional decidía no admitir a trámite este recurso, despejándose así el último obstáculo para el inicio de la vista oral, un asunto que preocupa sobremanera a Botín para quien la acusación pide nada menos que 116 años de cárcel y multa de 46.247.233,92 euros. La misma pena y cantidad se pide para los otros encausados: Rodrigo Echenique, José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso.

El caso de las cesiones de crédito se inició entre 1987 y 1989, cuando el Santander, junto con sus filiales Banca Jover, Banco Comercial Español, Banco Zaragozano y Banco de Murcia comercializó un producto conocido como ‘cesiones de nuda propiedad de créditos’, dirigido a captar recursos financieros con una gran opacidad fiscal, lo que les convirtió en un producto ideal para la inversión de dinero negro.

El Santander llegó a contabilizar 410.000 millones de pesetas con este producto, y tanto Botín como Echenique fueron los que diseñaron la operativa para su comercialización, cuyas directrices fueron preparadas posteriormente con el entonces jefe de la Asesoría Jurídica del banco, Ignacio Uclés, de forma que los requerimientos de información efectuados por la Agencia Tributaria fueron respondidos obstaculizando su actuación y ofreciendo datos erróneos, incompletos o falsos.

De acuerdo con las acusaciones, “las actuaciones desde el Banco de Santander llegaron incluso hasta ofrecer datos falsos de las personas que no correspondían con la titularidad real de la inversión, así como a facilitar documentación a sus clientes que pretendidamente corroborara los datos falsos facilitados a la Hacienda Pública”. La acusación cifra en 14.100 millones de las antiguas pesetas el perjuicio causado.