El PP desentierra decretos de Pujol para denunciar la catalanización de nombres

El vídeo del Partido Popular en el que se insinúa que un hipotético Gobierno independentista haría cambiar los nombres y apellidos de los ciudadanos de esta comunidad catalanizándolos lleva camino de convertirse en el culebrón de la campaña electoral de las autonómicas que se celebrarán el próximo 25 de noviembre. El PP añadió hoy más leña al fuego rescatando la normativa que regula nombres y apellidos, que fue aprobada ya por el Gobierno de Jordi Pujol en 1998.

La Ley 1/1998 de política lingüística señalaba que todos los ciudadanos de Cataluña “tienen derecho al uso de la forma normativamente correcta en catalán de sus nombres y apellidos y a incluir la conjunción 'y' entre los apellidos”. Posteriormente, el decreto 208, de 30 de julio, dictaminaba que cualquiera podría realizar los cambios dirigiéndose el registro civil. ”Para obtener la corrección de la grafía normativamente incorrecta de nombres y apellidos se ha de aportar una certificación que acredite la corrección lingüística. No es necesaria la certificación para obtener la constancia de la conjunción 'y' entre apellidos ni para la sustitución del nombre inscrito en cualquier lengua por el equivalente onomástico en catalán o aranés”. El certificado de la grafía correcta debe ser expedido por el Institut d’Estudis Catalans (IEA), aunque en un principio también se habilitó a la dirección general de Política Lingüística de la Generalitat.

En octubre de ese mismo año, una instrucción del Gobierno catalán detallaba quién era la persona de la Administración que había de firmar los certificados y daba luz verde para catalanizar los apellidos. “Los artículos 205, 206 y 209 del Reglamento del Registro Civil prevén cambios de apellidos que consisten en traducir un apellido castellano (o extranjero) al catalán,como Rubio por Ros, Escribano por Escrivà, Piedra por Pedra, Boulanger por Forner o Haddad por Ferrer, o bien consistentes en adaptar un apellido a la grafía catalana, como Sánchez por Sanxís o Fernández por Ferrandis. Estos cambios requieren la instrucción de un expediente que resuelve, según los casos, el ministro de Justicia o el juez de Primera Instancia”. También detallaba la nueva grafía de algunos apellidos catalanes para adaptarlos a la normativa del IEA.

Fuentes nacionalistas consultadas por El Confidencial señalan que “este tema es un bluf del PP. Es pura demagogia. No tienen argumentos y de ahí que manipulen un tema que toca de cerca a las personas. En el caso de una Cataluña independiente, nadie deberá cambiarse el nombre o el apellido, aunque la ley prevé que quien quiera cambiárselo lo pueda hacer, pero eso ya se puede hacer hace años”.

Las críticas del PP

Desde las filas populares, la candidata Alicia Sánchez-Camacho señaló esta mañana que “Artur Mas se puso muy nervioso porque en un vídeo humorístico se hacía una caricatura sobre sus intenciones si consigue la separación de España. Se nos acusó de demagogos y de exagerar”. Pero quitó hierro al asunto restando importancia al propio vídeo, aunque aprovechó para cargar contra el candidato nacionalista. “Mas está muy crispado, pero una vez más queda en evidencia. Cataluña no puede estar en manos de una CiU que nos quiere llevar fuera de Europa y del euro y que incluso pide que nos cambiemos los apellidos”.

Sus críticas se dirigieron a izquierda y derecha. “El Partido Popular -subrayó- es un partido nacional que defiende lo mismo en toda España y, al mismo tiempo, es capaz de defender las singularidades de todas las comunidades históricas. No puede decir lo mismo el Partido Socialista, que no sólo dice una cosa diferente en cada sitio, sino que en Cataluña está haciendo la campaña del insulto y la radicalización, mientras se muestra acomplejado en la defensa de los que se sienten catalanes y españoles”.

Sánchez-Camacho, que esta mañana hizo campaña en Lérida, estuvo acompañada por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que arremetió contra Artur Mas por intentar situarse “por encima de la ley”. Se refería a la intención de convocar un referéndum independentista diga lo que diga la ley,los tribunales o el Gobierno de España. “Cuando uno cree que su posición política está por encima de la ley y tiene este tipo de desvaríos, está llevando a los ciudadanos al borde del abismo”, enfatizó. Y advirtió que, en caso de que persista en su actitud, se utilizarán todas las normas legales para impedir que vulnere la legislación.