Sólo en Cataluña sobran 1.200 cargos ‘a dedo’ en la Administración

Sólo en Cataluña hay 1.200 cargos políticos prescindibles. Así lo denuncia el presidente de Ciutadans, Albert Rivera. En concreto, según los documentos que maneja esta formación, sólo los cargos políticos de los consejos comarcales llegan a 1.010. A ellos habría que sumar los cargos de confianza del Gobierno, que se sitúan alrededor de 130, y los de las Diputaciones (en la de Barcelona hay una cincuentena de cargos de confianza, sin contar a los representantes de las formaciones políticas). En total, casi 1.200 cargos de confianza que gravan severamente las arcas públicas.

“Dejen de decir que las Diputaciones son la línea roja. Lo que han de hacer es reformar la Administración pública. Nosotros queremos debatir las duplicidades políticas y no aceptamos que nos den lecciones los culpables de la actual situación, los que convierten un Estado descentralizado en un Estado fragmentado al servicio de partidos políticos y no de los ciudadanos”, explicó el presidente de C’s.

Los 1.200 cargos políticos citados, no obstante,se pueden quedar muy cortos si a ellos se les añaden los asesores municipales, cuyo número se desconoce, y los asesores de empresas públicas. “Los directivos o asesores de empresas no figuran en los presupuestos, por lo que no podemos detectar cuántos hay en estos momentos. De todos modos,  preguntaremos al Gobierno sobre el tema y esperamos que nos facilite la información”, dice a El Confidencial Jordi Cañas, portavoz y diputado de Ciutadans.

Los consejos comarcales son una estructura política creada por el Gobierno de Jordi Pujol para hacer frente a la hegemonía socialista en los Ayuntamientos. Como las corporaciones locales estaban en manos de la izquierda, aprovechó para instaurar un contrapoder local a caballo entre las Diputaciones y los Ayuntamientos.

Así, creó 41 consejos comarcales, correspondientes a otras tantas comarcas. Y ese poder local se ha ido afianzando hasta el punto de que a estos consejos se destinan anualmente 556 millones de euros, al margen del dinero que corresponde a Ayuntamientos o Diputaciones. En la comunidad, pues, coexisten cinco niveles de administración con competencias poco delimitadas: Gobierno central, Gobierno autonómico, Diputaciones, consejos comarcales y ayuntamientos.

La situación se agrava en el área de Barcelona, donde a todas esas capas administrativas se suma una sexta: el Área Metropolitana de Barcelona. ”Y menos mal que se paralizó la creación de las veguerías [ente supracomarcal que, en principio, debería sustituir a las provincias]”, añade el portavoz de Ciutadans. Para Cañas, “cuanto más gasto en infraestructuras, menos dinero hay para destinar a recursos. Lo que pasa es que esas administraciones son utilizadas por los partidos como cementerio de elefantes o como chiringuito para colocar a los suyos”.

Suprimir Diputaciones y consejos comarcales

“Es inconcebible que haya hasta tres niveles de administración con las mismas competencias. Se triplican las funciones, se triplican los sueldos y se triplican los presupuestos. Lo que queremos nosotros es que cada uno delos niveles tenga sus competencias”, señala Jordi Cañas. Uno de los casos más paradigmáticos de la multiplicidad de competencias es el de la Vivienda, donde interviene el Gobierno central, el Gobierno autonómico, las Diputaciones, los consejos comarcales y los Ayuntamientos. O turismo, donde ocurre algo parecido. Incluso bienestar social. Pero también en infraestructuras, educación o salud.

“Hay que reflexionar y suprimir lo que está duplicado o triplicado. C’s ha pedido la supresión de las Diputaciones y de los consejos comarcales. ¿Que han de mantenerse las Diputaciones como división electoral? De acuerdo, pero hay que racionalizar sus competencias. Y en el caso de la salud, por ejemplo, ¿por qué siguen funcionando los institutos municipales de salud? Se crearon en un momento en que no había quien prestase ese servicio, pero hoy deberían traspasarse sus competencias a la Consejería correspondiente.

Lo mismo ocurre con el tema cultural y las Diputaciones. O con el transporte escolar y los consejos comarcales. Ahora ya hay un Gobierno autonómico que tiene competencias en esas materias y no tiene porqué haber otros organismos realizando las mismas funciones”, explica Cañas.

Ciutadans presentó una propuesta de resolución el pasado día 11 para racionalizar la Administración, pero se encontró con el voto en contra de todos los demás partidos. La formación que lidera Rivera también propuso dos veces, esta legislatura, la creación de una comisión parlamentaria para estudiar las duplicidades.

En primera ronda, votaron en contra CiU y ERC, mientras que PSC y PP se abstuvieron. En la segunda, todos votaron en contra. “No deja de ser paradójico que en el País Vasco y Madrid fueron precisamente PP y PSOE quienes impulsaron la creación de una comisión similar”, se queja Cañas.

El PP presentó también ayer una proposición de ley para reducir las agencias públicas. Convergència i Unió (CiU), sin embargo, presentó una enmienda a la totalidad a esta proposición de simplificación del sector público y acabó ganando la mano a los populares. ¿El motivo? El gobierno catalán ya trabaja en esa dirección después de haber aprobado las leyes ómnibus, precisamente con el apoyo del PP. El resto de partidos no se sumó a la iniciativa popular por el mismo motivo: la reducción de agencias debería haberse especificado, si así lo quería el Partido Popular, en las leyes ómnibus, aunque también criticaron a éste por pretender “privatizar” la Administración pública.