La trama de Pretoria desespera a 67 familias, que ignoran cuándo tendrán su piso de VPO

Julio y María tienen cada uno 29 años y llevan uno esperando poder entrar a vivir en el piso de protección oficial que les adjudicó el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) en 2008. Por aquel entonces, la pareja cumplía todos los requisitos para optar a la ilusión de su vida en común: poder acceder a la compra de una vivienda de protección oficial de 70 metros cuadrados por un precio que no superaba los 210.000 euros, en cuanto a ajustarse al límite de ingresos y a su situación laboral.

 

Se les adjudicó un piso de protección oficial en un edificio que debía impulsar la empresa municipal Gramepark. “Dimos al banco 27.000 euros en avales antes de que se iniciaran las obras y luego, con el paso de los meses, vimos que en aquel solar de tierra casi abandonado no se construía nada y nos daban largas en el Ayuntamiento. Ahora somos más de 100 personas (67 familias) las que reclamamos nuestros pisos correspondientes, que se han paralizado por los indicios de corrupción en la trama del caso Pretoria”, explica María a El Confidencial.

Lo que no sabía hace dos años la joven pareja es que la empresa municipal Gramepark estaba siendo investigada por los agentes de la Guardia Civil por desviar presuntamente recursos públicos hacia los intereses inmobiliarios de la trama Pretoria, que investiga al ex alcalde socialista de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, al ex dirigente socialista Luis García, alias Luigi, y a los ex dirigentes de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. El sumario del caso Pretoria ya no sólo son conversaciones interceptadas entre políticos y empresarios que evidencian tratos de favor, sino que estas familias se han convertido en víctimas directas de los negocios de los implicados en el mayor caso de supuesta corrupción urbanística descubierto en Cataluña.

Julio y María son, pues, los otros afectados por Pretoria. “Nos sentimos impotentes y nadie nos ha devuelto los 27.000 euros que adelantamos; lo único que nos dice el actual equipo municipal es que se recalificará de nuevo el solar para construir los pisos de protección oficial, pero no nos aseguran en cuanto tiempo ni cuándo podremos entrar a vivir”, prosigue María. En total, se debían haber construido en el solar, muy próximo al Ayuntamiento de Santa Coloma, 67 viviendas de protección oficial.

Las familias se han constituido en una asociación que la semana próxima se reunirá tanto con el actual equipo municipal de Santa Coloma, que dirige la alcaldesa socialista Nuria Parlón, como con los antiguos responsables de Gramepark para trasladarles su malestar y pedirles los plazos de inicio de las obras de los pisos de protección oficial. “Esperamos que se mantenga la intención de construir estos pisos, porque nada tenemos que ver con las supuestas corruptelas de unos señores que han jugado con nuestro dinero y nuestras ilusiones de futuro”, explica María.

Pendiente de iniciar las obras

El solar, que actualmente está rodeado de verjas y pendiente de iniciar las obras de construcción, está ubicado a sólo cien metros del polémico edificio Cubics en Santa Coloma de Gramenet. El proyecto Cubics, impulsado desde el 2007 por Prosavi y que está construyendo, entre otros equipamientos, un hotel de diseño y un multicine, ha quedado seriamente dañado por el escándalo del caso Pretoria.

La gestión urbanística que se articuló en los últimos tres años en Santa Coloma de Gramenet a través de su constructora pública Gramepark está plagada de irregularidades. La auditoría encargada por el Ayuntamiento señala que al menos 29 adjudicaciones de la sociedad pública se realizaron de forma irregular desde 2007, incluidas recalificaciones de terrenos que en lugar de ser destinados a protección oficial se destinaron supuestamente a equipamientos de lujo y comerciales, lo que aumentaba el precio de venta del espacio a edificar. Son contratos de obras y servicios, según el informe de la Fiscalía, que suman 35 millones de euros, de los que 26,3 corresponden a proyectos encargados a dedo.