La Fiscalía pide embargar a todos los beneficiados por los ERE falsos

A la juez Mercedes Alaya se le acumula el trabajo. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que ordene fianza o embargo de bienes a todos los intrusos y personas beneficiadas de la “trama organizada” de las falsas prejubilaciones en Andalucía.

El Ministerio Público ve necesario investigar "caso por caso" las subvenciones otorgadas a ayuntamientos, empresas, asociaciones, mancomunidades y otras entidades con cargo al 'fondo de reptiles -sin reunir los "requisitos exigibles en cuanto a concesión y control del destino" de las ayudas, observa el fiscal- a fin de determinar las "razones últimas de dichos abonos, la veracidad y real existencia del fin público o no de la ayuda dada y, por ende, el destino final del dinero entregado".

Los requerimientos de Anticorrupción no se limitan a la juez. También insta a que la Consejería de Empleo informe “a la mayor brevedad” sobre los procedimientos de reintegro que ha puesto en marcha y en qué estado se encuentran, las reclamaciones de beneficiarios que ha recibido por impago de las ayudas y las órdenes que ha emitido hasta ahora la Dirección General de Trabajo a las compañías de seguros y empresas intermediarias paralizando el pago de renta o capitales a los imputados.

La Fiscalía avanza aún más y pide que  Mercedes Alaya imponga a la veintena de imputados que Alaya ha formulado hasta ahora y a los próximos una fianza por el importe de lo recibido indebidamente o les embargue sus bienes para "garantizar las responsabilidades pecuniarias derivadas de los hechos que se le imputen". En un escrito fechado el 25 de octubre, el Ministerio Público tilda de “perjuicio manifiesto y grave” a los fondos públicos el caso de los EREs falsos en la Junta.

Como ya publicó El Confidencial, Alaya también tiene otro asunto pendiente. Antonio Fernández, exconsejero de Empleo con Manuel Chaves, sigue imputado en el proceso y su acusación por parte de la magistrada conduce de manera directa a la implicación de los Gobiernos de Chaves, aunque Fernández se podría convertir en cabeza de turco para intentar que el escándalo pase de largo por los Ejecutivos socialistas.

Aun así, la pieza de oro no es Fernández, sino el senador José Antonio Viera, actual secretario general del PSOE de Sevilla. Por su condición de aforado, la magistrada no puede acusar al cargo socialista. Alaya podría enviar el caso al Tribunal Supremo. En ese supuesto el caso estallaría en las manos del PSOE y ya no sólo afectaría a la etapa de Chaves sino a la propia candidatura de José Antonio Griñán a la Presidencia de la Junta de Andalucía. El gran problema para la juez sería que si manda el caso al TS Alaya ya no podría seguir investigando la trama.