Jordi Sànchez recurre al Supremo: "Es un castigo anticipado"

El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez ha recurrido este lunes ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la denegación por parte del juez Pablo Llarena de los permisos puntuales para acudir al Parlament para ser investido. En un giro que anticipó este domingo el candidato a suceder a Carles Puigdemont al frente del Govern ha aparcado la idea de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y agotará antes las vías en España.

En su escrito, Sànchez asegura que impedirle acudir al Pleno supone imponerle "un castigo anticipado" y reprocha al magistrado instructor que en una democracia donde rige la separación de poderes se permita decidir quien es y quien no es candidato idóneo para presidir una comunidad autónoma. "Dada la suma excepcionalidad de los intereses en juego –"ya no sólo los derechos políticos del Sr. Sànchez, sino de los millones de votantes de los partidos que eventualmente apoyarían su investidura y la credibilidad del propio sistema democrático", dice el escrito- su defensa solicita que se tramite el recurso por trámite de urgencia y se resuelva "con la máxima celeridad posible".

El escrito evidencia que la imposibilidad de defender su candidatura "comporta la evidente imposición de un castigo anticipado, pues se le está incapacitando de facto para el ejercicio de un cargo público sin haber sido declarado culpable de ningún delito". También asegura que la decisión del juez Llarena "comporta una grave limitación del derecho de Cataluña a la autonomía política".

"Algunos pasajes del auto contienen consideraciones de oportunidad política totalmente impropias de un sistema en el que rige la división de poderes", dice el recurso que tacha como "sencillamente inaudito" que, en un sistema donde rige la división de poderes, un tribunal "efectúe tan abiertamente manifestaciones acerca de la oportunidad política de elegir a unos candidatos y no a otros por parte de un Parlamento".​

Además, argumenta que la privación del candidato a acudir al pleno supone "una grave restricción de la democracia como valor superior del ordenamiento constitucional español, por cuanto se impide a una cámara parlamentaria designada por sufragio escoger al candidato con más apoyos".

Intuiciones personales

Sobre los argumentos de Llarena para denegarle la salida de prisión, Pina apunta que el riesgo para el orden público que esgrime el magistrado no tiene justificación y cree que "se basa en puras intuiciones personales, que no deberían ser nunca la base de decisiones judiciales tan gravosas". "¿En qué momento de la conducción se supone que cometerá Jordi Sànchez una nueva sedición o rebelión? ¿Acaso dentro de los furgones policiales que le trasladen al Parlament?", cuestiona.

Sobre que pueda reincidir durante su discurso como candidato a presidente de la Generalitat, la defensa ha recordado la inviolabilidad reconocida constitucional y estatutariamente a los parlamentarios, y por eso, concluye que "el riesgo de reiteración aludido para denegar el permiso lo es de la comisión de delitos sencillamente imposibles, ya sea física o constitucionalmente".

"En un sistema democrático mínimamente respetuoso con las libertades ciudadanas nunca riesgos sobre el orden público basados en intuiciones personales o riesgos de futuros delitos de improbabilísima comisión pueden legitimar vulneraciones ciertas e irreparables de tantos derechos fundamentales y de tan diversos valores constitucionales como los aludidos", apostilla.