La Agencia Tributaria atribuye once errores del DNI de la Infanta a los notarios y dos a Hacienda

La investigación interna encargada por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para aclarar por qué la Agencia Tributaria atribuyó por error a la infanta Cristina la venta de 13 propiedades inmobiliarias que nunca le pertenecieron ha concluido en un comunicado que en 11 de esas transacciones el error se produjo porque las notarías informaron equivocadamente al fisco del DNI de los verdaderos autores de la venta y en los otros dos casos restantes el fallo se originó en el procesamiento de los datos dentro de la propia Agencia. Hasta ahora, Hacienda siempre había sostenido que todos los errores se habían producido fuera de sus instalaciones.

El informe que finalmente ha difundido el Ministerio de Hacienda este martes con los resultados de su investigación interna para intentar explicar este oscuro episodio asegura que en 11 de las 13 operaciones los notarios introdujeron mal el DNI de los auténticos vendedores en la aplicación informática que utilizan para comunicar al fisco los detalles de todas las operaciones que pasan por sus despachos. Al teclear a mano la información sobre estas transacciones, los fedatarios públicos las habrían vinculado erróneamente con “el DNI número 14, sin letra de control”. “Esto provocó la imputación [de las operaciones] al único DNI 14 que figuraba en la base de datos”, es decir, el de la infanta Cristina, con numeración especial 00000014Z.

“En cuanto a los otros dos registros, se produjo error en el proceso desarrollado por la AEAT al incorporar estas operaciones en sus bases de datos”, afirma el comunicado distribuido por el Ministerio de Hacienda.

El documento también intenta exculpar a la Agencia Tributaria de las críticas que ha recibido por no haber depurado previamente el documento con las 13 falsas operaciones de doña Cristina remitido al instructor del caso Nóos, José Castro. El propio magistrado ha expresado este martes en un auto su sorpresa por el hecho de la Agencia no haya corregido aún esos errores en un nuevo informe. De hecho, el propio juez ha abierto diligencias para realizar su propia investigación sobre este malentendido, requiriendo documentación adicional a los registradores.

Según Hacienda, si los fallos no se detectaron antes de ser remitidos al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca fue porque “no era preceptivo un control específico de la información suministrada” al no tratarse de un Auxilio Judicial, donde los datos fiscales si deben sometidos a un examen de los técnicos de Hacienda antes de su envío a un tribunal.

“La preparación de la respuesta a la solicitud del Juzgado se realizó por la Oficina de Comunicación con Juzgados y Tribunales de la Delegación Especial de Cataluña y se remitió por el Delegado Especial de Cataluña, conforme al procedimiento general de gestión de cesión de información”, detalla el comunicado de Hacienda, antes de insistir en que “el documento remitido al Juzgado de Instrucción Nº 3 de Palma de Mallorca para satisfacer lo requerido estaba constituido por un conjunto de pantallas extraídas de las bases de datos de la Agencia en el que no se incorporó ningún comentario o aclaración”.