El Gobierno aumentará la plantilla de la UDEF para evitar su colapso por la ola de corrupción

El Gobierno ha tomado la decisión de incrementar el número de efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para que pueda hacer frente a la ola de casos de corrupción que recorre España. Así lo ha manifestado el Ejecutivo en las respuestas a dos cuestiones por escrito formuladas por los diputados del Congreso Rosa Díez (UPyD) y Gaspar Llamazares, sobre las medidas que piensa poner en marcha Moncloa para adaptar las capacidades de las Fuerzas de Seguridad del Estado al fenómeno de la corrupción política. Según consta en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del pasado jueves, el Gobierno también ha decidido aumentar los recursos al alcance de la Guardia Civil para la persecución de este tipo de delitos.

El Gobierno asegura que la “Dirección General de la Policía ha impartido las instrucciones oportunas para incrementar el número de funcionarios de la UDEF”. Y adelanta que, “para llevar a cabo ese incremento, convocará un proceso específico de selección de personal, que tendrá en cuenta la intensa dedicación que los integrantes de la Unidad deben asumir en su desempeño profesional y el grado de cualificación y formación en materias tales como el blanqueo de capitales, la corrupción en sus distintas modalidades, el fraude fiscal y financiero, cibercrimen y fraudes a la Seguridad Social, que exige la complejidad técnica de las investigaciones”.

Fuentes policiales consultadas por este diario aseguran el aumento de la dotación se limitará a la incorporación de nuevos puestos directivos a la unidad central de la UDEF, actualmente integrada por 300 agentes. La Dirección General de la Policía también está diseñando planes formativos para reciclar los conocimientos de sus miembros.

Papel clave en la investigación de la corrupción

Las siglas de este organismo aparecen en casi la totalidad de los casos contra la corrupción política que están siendo juzgados en estos momentos en diferentes puntos de la geografía nacional. El Consejo General del Poder Judicial ha asegurado recientemente que hay 1.661 procedimientos vinculados con la corrupción tramitándose en los tribunales españoles. De ellos, al menos 302 pueden ser considerados macroprocesos por su elevada complejidad.

En el caso de las unidades de la Guardia Civil dedicadas específicamente a este tipo de cuestiones, el Gobierno asegura que el refuerzo se materializará “por medio de la mejora y actualización de la formación de sus miembros, la optimización de los procedimientos de trabajo y la colaboración en el ámbito nacional e internacional con los actores implicados”.

El Ejecutivo detalla que se buscarán acuerdos de colaboración entre el Instituto Armado y los organismos españoles relacionados con “la investigación económica, financiera y la corrupción, tales como la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada, el Ministerio de Fomento, la Dirección General del Catastro, el Consejo General del Notariado, el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, la Agencia Tributaria o el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)”. En el ámbito internacional, el Gobierno también anuncia que tratará de estrechar la relación de la Guardia Civil con organismos multilaterales especializados en este tipo de delitos, como Europol, Interpol, Eurojust y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Casos derivados a las unidades provinciales

Este diario ya informó el pasado mes de febrero que y que, algunos casos, su unidad central, situada en la capital en el complejo policial de Canillas, se estaba viendo obligada a derivar a sus delegaciones provinciales parte de las pesquisas para reducir su carga de trabajo. El propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, admitió en la Cámara Baja el pasado mes de marzo que en estos momentos este fenómeno se ha disparado y subrayó que los datos de Cataluña son especialmente preocupantes.

El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, también para hacer frente a los numerosos casos relacionados con delitos económicos que han llegado a los tribunales en los últimos meses. La Fiscalía Anticorrupción está al límite de sus capacidades.