Cientos de personas protestan contra el "apartheid sanitario"

No existen cifras oficiales sobre las personas residentes en España sin permiso, aunque el cruce del número de extranjeros del Instituto Nacional de Estadística (INE), con aquellos que no figuran en los registros del Ministerio de Empleo, arroja una cifra de ciudadanos 'sin papeles' de 459.946 personas.

No obstante, la mayoría de los extranjeros en situación irregular (306.477) proceden de países de la UE, por lo que si son atendidos en situaciones puntuales se cobrará a sus países de origen, a través de los convenios bilaterales existentes, o tendrán la posibilidad de pagar la citada póliza mensual si desean una cobertura total.

Las restantes personas (153.469) son inmigrantes no comunitarios indocumentados, los más damnificados por esta medida, ya que pertenecen a un colectivo vulnerable y con escasos recursos, y cuyo número puede ser mucho mayor.

Un asegurado, una tarjeta sanitaria

El Real Decreto, aprobado en Consejo de Ministros a primeros de agosto, regula la condición de asegurado y beneficiario en el Sistema Nacional de Salud y, para hacerla efectiva, se les atribuye a todos ellos una tarjeta sanitaria individual.

Entre las condiciones que dan derecho a conseguirla están ser trabajador por cuenta ajena o propia y estar afiliado a la Seguridad Social, ostentar la condición de pensionista, ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social como la prestación por desempleo y, en caso de haberla agotado y seguir sin trabajo, acreditando la condición de asegurado por cualquier otro título.

Asimismo, también tienen la condición de asegurado las personas que no tengan ingresos superiores a 100.000 euros anuales ni cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía, siempre que tengan nacionalidad española y residan en España, pertenezcan a algún Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza y estén inscritos en el Registro Central de Extranjeros, o que sean de un país distinto de los anteriores y tengan autorización para residir en territorio español.

Los irregulares que no paguen quedarán registrados

De lo contrario, el paciente puede declararse sin recursos "y no estará obligado a pagarla", explicaron fuentes del Ministerio a Europa Press, que sin embargo advierten que quedará registrado lo que adeuda al SNS por su atención.

Así, aunque desde Sanidad aseguran que estos inmigrantes no pasan a ninguna lista de morosos, si ese ciudadano dentro de un año tiene trabajo y sigue viviendo en España y es legal, se le podrá reclamar dicha factura "como hace cualquier empresa".

Por otro lado, Sanidad también da la posibilidad a  las comunidades de formalizar convenios especiales de asistencia sanitaria para que las personas no aseguradas ni beneficiarias puedan acceder a la sanidad pública, que tendrán un coste de 710,4 euros al año (59,2 euros mensuales) o de 1.864,8 euros (155,4 euros mensuales) si el interesado tiene más de 65 años.

No obstante, dichas pólizas no están pensadas para los sin papeles sino para aquellos ciudadanos extranjeros con recursos que establecen su residencia en España para ser atendidos por el SNS, lo que se conoce como el turismo sanitario.

Oposiciones a la reforma

Algunas comunidades como País Vasco o Andalucía ya han avisado que van a aplicar "exactamente el mismo protocolo" de asistencia que seguían hasta ahora con los inmigrantes irregulares. Otras como Cataluña también lo harán pero crearán una tarjeta alternativa para este colectivo, que podrán adquirir cuando lleven al menos tres meses empadronados en la comunidad.

Algunas comunidades gobernadas por el PP también han suavizado el impacto de la norma. Así, Galicia ha puesto en marcha un programa de protección social para mantener la asistencia sanitaria de este colectivo en los centros de salud.

En cambio, otras como Castilla y León intentarán cobrar la factura de la asistencia a los países de origen -en caso de que España tenga algún convenio de colaboración bilateral- antes de "en último término" facturar el coste a los propios sin papeles, algo que hará sin dilaciones o al menos "intentará" La Rioja, bien después de la consulta o a través de un seguro.

La medida también ha contado con la oposición de profesionales sanitarios, algunos de los cuales se acogerán a la objeción de conciencia para seguir atendiendo a este colectivo.