El CGPJ se niega a hacer públicos sus gastos a no ser que se lo exija el Congreso

Los gastos de viaje de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) seguirán siendo secretos, salvo que las Cortes o el Tribunal de Cuentas (TC) les pidan cuentas de ellos. El pleno celebrado hoy se ha limitado a dejar constancia de "su disposición a comparecer" ante las comisiones de Justicia de Congreso y Senado, aunque la iniciativa la tendrán que tomar los grupos parlamentarios. Solo allí darán cuenta de sus viajes pasados, presentes y futuros.

El Consejo no ha dado datos de los gastos ocasionados por los viajes de los vocales, ni cifras globales ni concretas sobre el importe de los realizados en territorio nacional ni de los internacionales. Los gastos ocasionados por los primeros no requieren de más justificación que las facturas, pero no el motivo, aunque la portavoz recordó que quince de los veinte vocales viven fuera de Madrid y ejercen responsabilidades en sus territorios.

De los viajes internacionales, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, dijo que todos ellos fueron autorizados previamente por la Comisión Permanente tras valorar su necesidad, oportunidad política y si se ajustaban al cumplimiento de las funciones encomendadas al Consejo. "Si el presupuesto no se gasta puede ser síntoma de inactividad", añadió.

Bravo explicó que el secretario general del Consejo ha fiscalizado los viajes de fines de semana de todos los vocales sin haber encontrado ninguna irregularidad, a diferencia de los realizados por el expresidente Carlos Dívar, que se vio obligado a dimitir la semana pasada por el escándalo de sus desplazamientos a Marbella.

 Preguntada por este diario si eso suponía que había habido una mala fiscalización de los viajes de Dívar, Bravo eludió responder con claridad y reiteró que no eran "análogos".

La ausencia de datos concretos no impidió que Gabriela Bravo, en nombre del pleno, dijera que el ejercicio de claridad que está realizando el Consejo tiene como objetivo recuperar la credibilidad de la confianza de los ciudadanos "en esta institución y en la Justicia". Para ello, y tal como estaba previsto, el pleno aprobó un plan de transparencia y austeridad que obliga a los vocales a viajar con la tarifa más barata; dar cuenta del motivo, horarios de salida, regreso y destino en los viajes internacionales y limitar al mínimo imprescindible el número de personas que tengan que acompañan a los altos cargos en sus desplazamientos, entre otras cuestiones.

Finalmente, la portavoz dijo que el pleno no abordará el nombramiento del nuevo presidente hasta que la dimisión de Dívar sea oficial con su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Gastos en 2011

Durante un encuentro celebrado el pasado viernes entre periodistas y el vocal de la Comisión Presupuestaria Ramón Camp, se dio cuenta los altos cargos del Consejo (los vocales más el secretario general) emplearon a lo largo de 2011 un total de 470.645 euros en desplazamientos por el territorio nacional y gastos de protocolo.

A esta cifra habría que sumar la parte correspondiente a los viajes de los vocales cargada al capítulo de relaciones internacionales, que ascendió a un total de 360.088,59 euros en 2011; y lo pagado por el órgano de gobierno de los jueces para viajes de personal de su parque móvil y la manutención de los escoltas con los que el Ministerio del Interior dota los desplazamientos de estos altos cargos, que sumaron otros 295.271,04 euros más.

El texto elaborado por los vocales Ramón Camp y Claro-José Fernández-Carnicero aprobado este jueves sustituirá a la actual, de 1996, que no obligaba a los altos cargos del órgano de gobierno de los jueces a especificar el motivo de sus viajes. Ahora deberán hacerlo, además de tratar que algunos puedan sustituirse por videoconferencias para evitar el gasto.