Grupos independentistas catalanes se llevan millones de euros en ayudas públicas

Pequeñas organizaciones catalanas se llevan millones de euros al año de las arcas públicas para fomento de la cultura y del catalán. Son grupos, interconectados entre sí, que peregrinan por los despachos de la mayoría de las consejerías y sacan dinero de debajo de las piedras, ya sea en forma de subvenciones puras y duras, de convenios plurianuales o simplemente mediante la adjudicación de contratos con la Administración para realizar estudios o informes.

La cultura y la lengua catalanas se han convertido, así, en un sector muy rentable en esta comunidad. Dentro de él, quien impera es la entidad Ómnium Cultural, que ha recibido más de 13 millones de euros en ayudas desde el año 2005. Pero hay otras organizaciones que también mojan pan en esta salsa. Una de las más activas es el colectivo L’Esbarzer, que también funciona bajo el nombre de Plataforma per la Llengua. Bajo la batuta de Martí Gasull, este pequeño grupo encontró su bicoca durante los Gobiernos Tripartitos, de los que llegó a cobrar más 3 millones de euros. Durante el año 2011 también ha seguido recibiendo ayudas hasta totalizar 3.362.830,51 euros. A ellos, hay que añadir algunos contratos. Por ejemplo, un estudio sobre “el comportamiento del mercado español ante la introducción del catalán en el etiquetado de productos”. Por este estudio, recibió 11.890 euros. La cifra no es casual: si sube a más de 12.000 euros, no puede realizarse una adjudicación directa, sino que debería aplicarse un procedimiento negociado en el que han de competir, como mínimo, tres empresas. Para financiar “grupos musicales que actuaban en el acto El catalán, lengua común”,  recibió otros 11.994 euros. Además, controla la Fundación Vincle, que ha recibido pequeñas ayudas durante los últimos años.

En el año 2006, l’Esbarzer se benefició de dos herencias intestadas: el Gobierno catalán le regaló 80.318,82 euros de la fortuna de Amelia Veiga para “un plan de promoción del catalán” y 9.317,12 euros para el mismo concepto, provenientes de la herencia sin testar de Manuel Carrera.

L’Esbarzer comparte edificio con otras organizaciones cuyos principales ingresos provienen de la Administración autonómica en la calle Rocafort, de Barcelona. Una de ellas es el Centre Internacional Escarré per a les Minories ètniques i les Nacions (Ciemen), fundado por el monje Aureli Argemí. El Ciemen ha recibido más de 1,6 millones de euros los últimos años. Siempre ligado a movimientos independentistas, esta organización se benefició también de herencias intestadas en el año 2002 (recibió 272.718 pesetas del legado de Manuel Mellado y 500.000 pesetas de Elena Blume). En realidad, el edificio es propiedad de la Fundació Aureli M. Escarré pels Drets Col.Lectius dels Pobles, que ha remodelado el edificio para convertirlo en un “hotel de entidades” que acoge bajo su manto a una quincena de organizaciones soberanistas. Creada en el año 1994, en su patronato están, entre otros, el diputado de CiU Josep Rull, el ex consejero de la Generalitat Joan Vallvé y la escritora Isabel-Clara Simó, ligada a ERC.

La generosidad de Carod

Durante los últimos años, el Ciemen ha recibido suculentas subvenciones para programas internacionales en defensa de “naciones sin Estado”. En el año 2005, por ejemplo, recibió 40.000 euros para la ”mejora de la autonomía y autoridad jurídica de los territorios de los pueblos indígenas de la cuenca del río Marañón, en Perú”. En el 2008, también recibió 65.000 euros por la ”realización, edición y publicación de materiales de enseñanza de la lengua kurda en Estambul”, otros 65.000 euros para el “Centro de estudios y documentación de la Nakba” en Palestina y 80.000 euros más de un convenio plurianual para potenciar la “Red Mundial de los Derechos Colectivos de los Pueblos”. Este convenio, vigente hasta el año 2010, ascendía a 215.000 euros y fue firmado con la Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo (ACCD), que dependía del entonces vicepresidente del gobierno, Josep Lluís Carod-Rovira.

Pero en el último trimestre de ese mismo año 2008, Carod también gratificó a esta organización, aunque con cargo a los presupuestos de la propia Consejería de vicepresidencia: el Ciemen se embolsó 50.000 euros para la promoción del catalán y 172.000 euros para la ”ampliación de la base de datos Mercator”, que agrupa los documentos sobre legislación y derechos lingüísticos en Europa.

En el año 2008, también recibió 40.000 euros para la ”puesta en funcionamiento del diario digital Nationalia”. A finales del ejercicio, recibió otros 30.000 euros para su “consolidación” de las arcas de la consejería de Cultura, que dirigía el republicano Joan Manuel Tresserras. Y en el año 2010, volvió a recibir otros 18.000 euros ”para la consolidación del diario digital Nationalia”. Unas ayudas nada despreciables, habida cuenta de la crisis que padece la prensa en la actualidad.

En la misma dirección que los anteriores está también la Fundació Francesc Eiximenis, que ha sido históricamente la encargada del mantenimiento de los repetidores de TV3 en la Comunidad Valenciana. Sólo por este concepto, ha venido cobrando de las arcas públicas subvenciones de 70.000 euros anuales. Además, en el año 2009 recibió 40.000 euros a través del Institut del Territori para financiar las actividades de éste. El dinero salió de las arcas de la consejería de Política Territorial y Obras Públicas (PTOP). También ha recibido, al menos en una ocasión, una ayuda de 12.000 euros para “financiar las actividades que lleva a cabo el Instituto de Estudios Borgianos”. Desde el año 2005, el centro Francesc Eiximenis ha recibido más de 660.000 euros en subvenciones públicas.

Otra organización que comparte edificio con las anteriores es la Fundació Reeixida, beneficiada con más de 450.000 euros. En el año 2008, Carod le regaló 40.000 euros para conmemorar “el centenario de la estelada” (bandera independentista). Al año siguiente, antes de dejar el cargo, la premió con 19.000 euros para “proyectos de impulso” y 50.000 euros para “contribuir a la financiación de gastos de participación en una feria-mercado de productos y servicios en lengua catalana en Girona”.

En la calle Rocafort también tiene su sede el Observatori de la Llengua, que se ha embolsado 219.000 euros los últimos años para sus actividades y para elaborar estudios sobre la situación del catalán.