Gallardón se quita la careta progresista en sus primeros cien días como ministro de Justicia

Alberto Ruiz-Gallardón entró al Gobierno de Mariano Rajoy como una de las caras más progresistas del Ejecutivo. Cien días después de iniciar su andadura como ministro de Justicia, el que fuera alcalde de Madrid se ha quitado la careta para convertirse recientemente en uno de los dirigentes populares más polémicos.

Durante su etapa en la alcaldía, Gallardón se construyó una imagen moderada llegando incluso a casar a parejas homosexuales. Sus actuaciones le granjearon grandes antipatías dentro de su propio partido, tanto en la base como en la cúpula del PP, en el que ejerció el papel de ‘verso suelto’.

Sin embargo, su aterrizaje en el Ministerio de Justicia ha sido como una explosión. Su salida de la Alcaldía sin culminar su mandato vino seguida de una batería de medidas controvertidas para algunos, como la modificación de la Ley del Aborto, la cadena perpetua revisable en casos de alarma social, el copago de la Justicia o las bodas y divorcios ante notario previo pago.

Frases como que la libertad de la maternidad es lo que hace a las mujeres “auténticamente mujeres” le han costado duros reproches, pero él está dispuesto a no mover ni un ápice su intención de retirar la Ley del Aborto implantada por el Gobierno socialista y convertirla en una ley de casos más restringida.

A vueltas con el 11-M

Asimismo, Gallardón se ha lanzado a apoyar una nueva investigación sobre los atentados del 11-M, cuando él como alcalde siempre apostó por la versión oficial de los hechos fijados por la Audiencia Nacional y confirmados por el Tribunal Supremo. La reciente publicación de una noticia sobre uno de los vagones que explotó en los atentados ha dado pie al ministro y al fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, a anunciar la apertura de una investigación sobre posibles nuevos hechos. Van a estudiar si puede ser delito que no se destruyera ese vagón y si en él puede haber datos que apunten a nuevas teorías.

Desde que se conoció la existencia de los restos de ese vagón y la Fiscalía anunció la apertura de diligencias, Gallardón se vio entre la espada y la pared. Debía elegir entre mantener su vieja postura o reconciliarse con todos aquellos que, en su momento, le vilipendiaron por ser un obstáculo para conocer la “verdad” sobre el 11-M y apaciguar a aquellos que siguen reclamando una nueva investigación de la masacre, entre ellos la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Optó por posicionarse con el lado duro de sus filas, al igual que con la Ley del Aborto y con la cadena perpetua revisable. Es una manera de reconciliarse con ciertas bases del PP, después de tantos años de aislamiento.

Futuras medidas sobre los presos de ETA

Este acercamiento al lado más conservador del partido podría serle útil cuando, como ministro de Justicia, deba tomar medidas impopulares en torno a los presos de ETA una vez consolidado el final de la banda. Deberá presentar ante esas mismas bases la adopción de una serie de medidas que pueden disgustar. Han comenzado ya con la reducción de los escoltas a los políticos y continuarán con los de la carrera judicial, tanto en el País Vasco como en Madrid.

Gallardón deberá enfrentarse al sector más radical del PP, como el eurodiputado Jaime Mayor Oreja, que sigue manteniendo que nos encontramos ante una tregua trampa y que ETA va a volver a matar. El titular de Justicia es uno de los miembros del Gobierno que más minutos ha aparecido en los medios de comunicación en estos primeros cien días en el poder. Tanto él como otros ministros ya han advertido que su trayectoria política se acaba con la salida de Rajoy, que estiman que sucederá en ocho años. Sin embargo, no son pocos los que creen que las aspiraciones de Gallardón no acabarán en este ministerio.