Gallardón guarda el vendaval reformista para otoño: aborto, CGPJ y ley de enjuiciamiento

Sus primeras comparecencias como ministro supusieron toda una revolución política y mediática ante lo que se avecinaba como un verdadero vendaval reformista dispuesto a cambiar de arriba a abajo el Ministerio de Justicia. Alberto Ruiz-Gallardón, sin embargo, tendrá que aguardar pacientemente hasta la vuelta del verano, con el inicio del nuevo curso político, para poner sobre la mesa las dos normas que van a marcar su legado en el Palacio de Parcent, sede del Ministerio: la reforma de la ley del aborto para acabar con el sistema de plazos instaurado por el anterior ejecutivo socialista y el cambio en el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial  (CGPJ) para acabar con la politización de la Justicia.

De momento, Gallardón tendrá que aguardar en un segundo plano a que llegue su momento político en esta nueva era marianista de claro perfil económico y en la que la batuta de los tiempos la marca la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. La reforma del sistema financiero, el plan de pago a los proveedores o la reforma laboral, que le va a costar al presidente su primera huelga general cuando todavía no ha cumplido ni los 100 primeros días de gracia, han dejado en un segundo plano todo los demás compromisos del Ejecutivo, que tendrá que ir dosificando las materias conforme las circunstancias lo requieran. Antes del verano, Gallardón solo remitirá a las Cortes el nuevo estatuto de las víctimas, la prisión permanente revisable y la nueva ley del menor.

Sin comisión de expertos para la ley del aborto

El PSOE ha hecho ya de la ley del aborto uno de sus principales puntales de oposición al Gobierno tanto en el Congreso de los Diputados como en las redes sociales. Gallardón, sin embargo, no presentará su proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta el tercer trimestre del año. En su departamento reconocen que no será una simple vuelta atrás en el tiempo a la normativa de 1985, desfasada ya por las circunstancias. Gallardón quiere volver a situar en el mismo nivel el derecho del concebido con el derecho de la madre, lo que acaba con la actual ley de plazos y supone recuperar los supuestos en los que la interrupción del embarazo queda despenalizada: malformación del feto, violación o daño psicológico para la madre.

De todos modos, uno de los objetivos de Gallardón es cerrar este asunto de la mejor forma posible sin abrir de nuevo la puerta a un coladero por el que toda aquella mujer que quiera abortar pueda hacerlo sin demasiado problema. El ministro no ha dado detalles de cómo planea hacerlo ni tampoco ha explicado mucho sobre la memoria económica que acompañara el proyecto, en la que se podrían incluir ayudas para las mujeres que decidan seguir adelante con su gestación. Se volverá también a exigir el apoyo paterno para que una menor pueda abortar.

En otoño llegarán también al Congreso de los Diputados varios proyectos con el sello Gallardón como el nuevo Código Mercantil con el que se quiere recuperar la unidad de mercado en todo el territorio nacional o el nuevo proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, que establecerá que asuntos se pueden ‘desjudicializar’ y poner bajo otra autoridad para agilizar los trámites de la Justicia. Es en esta norma donde contempla que las bodas civiles y los divorcios se puedan hacer directamente ante notario.

De momento, el Ministerio no se plantea la creación de una comisión de expertos para abordar la reforma de ley del aborto, tal y como sí ha hecho para su otro proyecto estrella, la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial. La norma que debe acabar con la politización de la justicia estará lista para octubre y en ella trabajan ya, desde esta semana, ocho expertos del derecho junto al propio ministro y su secretario de Estado de Justicia.

El texto que introducirá una modificación del sistema de elección de los miembros del CGPJ para que sean elegidos por los jueces y no por el Parlamento será presentado justo un año antes de que caduque el mandato de este órgano. Según ha explicado el propio Gallardón, la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986 ya advertía del riesgo de que “la lucha de partidos” se trasladase al órgano de gobierno de los jueces.

Otra comisión estudiará también la redacción de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la que el Gobierno quiere reducir la excesiva litigiosidad por la vía de lo penal. El objetivo de Ruiz-Gallardón es dejar de poner parches a una ley que ha sido reformada hasta en 44 ocasiones en los últimos 30 años e incluir en ella asuntos que definan el proceso penal en el siglo XXI como el plazo del secreto de sumario, el papel de la policía judicial en la investigación de delitos o el derecho de todo condenado a la revisión del fallo condenatorio por un tribunal superior.