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El ‘caso Faisán’ cambiará de juez por cuarta vez si el Supemo condena a Garzón
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RUZ TENDRÁ QUE DEJARLO EN ENERO SI EL SUPREMO FALLA CONTRA EL ‘MAGISTRADO ESTRELLA’

El ‘caso Faisán’ cambiará de juez por cuarta vez si el Supemo condena a Garzón

El ‘caso Faisán’ amenaza con acabar en las manos de un cuarto juez si el Tribunal Supremo decide condenar a Baltasar Garzón en cualquiera de los

Foto: El ‘caso Faisán’ cambiará de juez por cuarta vez si el Supemo condena a Garzón
El ‘caso Faisán’ cambiará de juez por cuarta vez si el Supemo condena a Garzón

El ‘caso Faisán’ amenaza con acabar en las manos de un cuarto juez si el Tribunal Supremo decide condenar a Baltasar Garzón en cualquiera de los dos juicios que tiene fijados para el próximo mes de enero. Una condena por prevaricación, a lo que se enfrenta en ambas causas, haría salir a concurso de manera inmediata su plaza como instructor en la Audiencia Nacional que ahora ocupa, de manera provisional, Pablo Ruz. Y el caso del chivatazo a ETA pasaría a ese nuevo magistrado.

Si el Supremo condena a Garzón, el Consejo General del Poder Judicial debe abrir de manera inmediata un plazo para los candidatos que deseen optar a ser titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Fuentes jurídicas explican que es muy complicado que Ruz opte a la plaza porque carece de la antigüedad necesaria, algo que no era imprescindible para la sustitución que está cubriendo después de que el órgano de los jueces suspendiera a Garzón de manera cautelar tras su imputación por prevaricación en la causa de la Memoria Histórica en mayo del pasado año.

Desde entonces, Ruz se ha estado encargando de los asuntos que dejó abiertos Garzón. El más espinoso era el Faisán, la supuesta delación policial a un miembro del aparato de extorsión de ETA sobre su inminente detención. Fue en mayo de 2006, en plenas negociaciones del Gobierno con la banda terrorista. En ese momento era Fernando Grande-Marlaska el responsable del Juzgado de Garzón (éste estaba de excedencia) y quien ordenó, junto a la juez antiterrorista francesa Laurence Le Vert, la operación contra el dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa.

Fue el propio Grande-Marlaska quien ordenó abrir una investigación para averiguar de dónde había procedido el chivatazo. Sin embargo, pronto volvió Garzón de Nueva York, donde estaba de permiso impartiendo clases en la universidad de la ciudad estadounidense, y metió en un cajón el asunto. Quitó a la Guardia Civil de la investigación y se la dio al mismo equipo de la Policía que debía llevar el operativo contra el aparato de extorsión que fue abortado. El juez imputó a tres cargos policiales y después lo mantuvo paralizado con el apoyo de la Fiscalía, que pidió el archivo de la causa. Aún así, Garzón no dio el paso de dar el carpetazo definitivo, en un momento en que sus imputaciones en el Tribunal Supremo comenzaban a aflorar.

Pero pronto, el magistrado Luciano Varela abrió juicio oral contra él y fue aparatado de la carrera judicial de manera temporal. El instructor le imputó un delito de prevaricación por investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo a sabiendas de que no era competente.

En junio de 2010, Pablo Ruz aterrizó en la segunda planta de la Audiencia Nacional, procedente de un juzgado de la localidad madrileña de Villalba. Cuando abrió el cajón, se encontró con una causa más muerta que viva e intentó resucitarla. Ante su evidente empeño por desempolvarla, la Fiscalía modificó su último escrito y optó por continuar con la imputación del ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, el jefe policial en el País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector José María Ballesteros.

El juez fue hasta el final de la investigación y llegó a la conclusión de que había indicios suficientes para procesarles por un delito de colaboración con organización terrorista por alertar a supuestos miembros de ETA de su inminente detención para, según las investigaciones, no perjudicar el proceso de paz.

Las defensas de los implicados recurrieron el auto de procesamiento y el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, consideró el asunto de suficiente relevancia penal como para llevarlo a Pleno. Tras unas deliberaciones, los magistrados optaron por retirar el procesamiento y ordenar a Ruz abrir nuevas vías de investigación.

Se trataba de un varapalo para el instructor. Ruz debía empezar de nuevo. Ha pasado más de un mes desde que se hizo público el auto del Pleno pero el magistrado parece no mover ficha. Podría ser porque sabe que su estancia en la Audiencia puede estar llegando a su fin. Ahora, la incógnita es saber quién será el nuevo juez, el cuarto, que se encuentre con esta patata caliente con un nuevo fiscal general al frente.  

El ‘caso Faisán’ amenaza con acabar en las manos de un cuarto juez si el Tribunal Supremo decide condenar a Baltasar Garzón en cualquiera de los dos juicios que tiene fijados para el próximo mes de enero. Una condena por prevaricación, a lo que se enfrenta en ambas causas, haría salir a concurso de manera inmediata su plaza como instructor en la Audiencia Nacional que ahora ocupa, de manera provisional, Pablo Ruz. Y el caso del chivatazo a ETA pasaría a ese nuevo magistrado.

Baltasar Garzón