El TSJM de Murcia ordena abrir juicio oral contra el presidente de la Cámara de Comercio

García Balibrea, quien también es presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, está acusado por un delito contra el medio ambiente en concurso con el de lesiones, mientras que Gil está acusado por un delito de prevaricación medioambiental.

El Ministerio Fiscal dirige su acusación contra García Balibrea por un delito contra el medio ambiente con peligro grave para el sistema natural y riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, según informaron fuentes del TSJRM en un comunicado.

En febrero de 2009, el fiscal regional de Medio Ambiente ya solicitó que se le imponga por el delito contra el medio ambiente una pena de tres años y dos meses de prisión, accesoria de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, con multa de 18 meses a 20 euros de cuota diaria e inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve una actividad potencialmente contaminadora durante dos años, y el pago de costas. A su vez, el Fiscal estima que procede imponer la clausura de la actividad de cantera desarrollada por Arimesa en el lugar de los hechos durante un periodo de cinco años.

Además, el Ministerio Fiscal pide para Gil Sánchez la pena de 18 meses de prisión, accesoria de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Fianza de 9.960 euros

Por su parte, la acusación particular estima a García Balibrea responsable de un delito contra el medioambiente en concurso con un delito de lesiones. Además, responsabiliza por pasividad municipal de un delito de prevaricación a Gil Sánchez.

Así, la acusación particular ha pedido para García Balibrea tres años y dos meses de prisión con accesoria de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena, multa de 20 meses con una cuota diaria de 50 euros, e inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve una actividad potencialmente contaminadora durante dos años, y costas, incluidas las de esta acusación particular. A su vez, estima que procede imponer a Arimesa la clausura definitiva de las instalaciones sitas en El Zacacho (Santomera) en las que se han cometido los hechos descritos.

Además, pide para Gil Sánchez la pena de 24 meses de prisión, accesoria de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante la duración de la condena, y 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por el delito de prevaricación ambiental.

El magistrado del TSJ solicita a los acusados que presten en un plazo de 24 horas fianza por la cantidad de 9.960 euros a cada uno, para asegurar las responsabilidades pecuniarias. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia será el órgano competente para el enjuiciamiento.

El presidente de la Cámara de Comercio de Murcia se había negado a cerrar la cantera a pesar de la orden dada en ese sentido por el Ayuntamiento de Santomera el 13 de noviembre de 2009. El TSJM había declarado ilegal la cantera en junio de 2008.