El presidente de la Cámara de Murcia se niega a cumplir la orden de cierre de su cantera

El presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Pedro García Balibrea, se niega a cerrar una cantera de su propiedad, a pesar de la orden dada en ese sentido por el Ayuntamiento de Santomera, cercano a la capital murciana, el pasado 13 de noviembre de 2009.

Desde esa fecha, la actividad en la cantera El Zacacho, propiedad de la mercantil Arimesa S.A., cuyo socio mayoritario es García Balibrea, sigue como si nunca hubiera sido adoptada la sanción municipal de “clausura definitiva y total de todas las instalaciones y maquinarias sitas en el paraje del Zacacho y suspensión de cualquier género de actividad industrial, minera o de cualquier otro orden existente en la misma”.

El motivo es, como explica el texto sancionador, que carece de licencia municipal. Además, la actividad de esa cantera, que lleva funcionando 35 años, fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) en 2008, por la misma carencia de licencia para actividad extractiva.

Dos semanas después de la orden de cierre, el 30 de noviembre pasado, el vecino denunciante de la ilegalidad, Juan Carlos Díaz Beltrán, solicitó al Ayuntamiento de Santomera, gobernado por el PP, la ejecución de la orden de cierre, a la que el consistorio se niega amparándose en un acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 11 de septiembre de 2009, que estimó la solicitud de la suspensión de la ejecución del expediente sancionador contra Arimesa.

El denunciante estima que la resolución definitiva de la misma Junta, el 13 de noviembre de 2009, desestimando el recurso de reposición de Arimesa y sancionando con el cierre, debe ser ejecutada. El abogado de la acusación, Ginés Ruiz Maciá, estima que en caso contrario el propio Ayuntamiento podría incurrir en un delito de prevaricación.

Irregularidades

La historia de las irregularidades de la cantera es larga. De hecho el fiscal regional de Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera, pidió en febrero de 2009 tres años de cárcel para García Balibrea por un delito ecológico, y 18 meses para el ex alcalde socialista y portavoz del PSOE de Santomera, José Antonio Gil Sánchez, por consentirlo. La petición del fiscal incluía ocho años de inhabilitación en cargo público para el ex alcalde.

El proceso penal quedó aplazado porque el ex alcalde socialista ocupó, pocas semanas después, un puesto de diputado autonómico, en sustitución de un compañero fallecido. Al adquirir Gil Sánchez la condición de aforado, las actuaciones precisan para continuar que prospere el suplicatorio solicitado a la Asamblea Regional.