Rajoy dice que el ajuste de Zapatero es "injusto e insuficiente"

La dirección nacional del PP y los presidentes regionales de la formación han acordado hoy que los altos cargos en las comunidades autónomas se bajen el sueldo lo mismo que el Gobierno y han dejado claro que no apoyarán la congelación de las pensiones "de ninguna de las maneras".

Estos han sido los principales anuncios que ha efectuado Rajoy, reunido en la sede nacional del partido con el resto de su Comité de Dirección y con los barones territoriales, tanto los presidentes autonómicos como los líderes regionales en la oposición. Entre ellos, por primera vez en Génova desde noviembre del año pasado, el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, quien ha despejado algunas de las incógnitas que había sobre su futuro político, como que no tiene intención de adelantar las elecciones en la comunidad autónoma.

Era de una las posibilidades que manejaba Camps desde que el Tribunal Supremo ordenara al TSJV que reabriera la investigación sobre esos supuestos trajes que le regaló la trama Gürtel.

Pero hoy Camps "ha dejado caer", en palabras de fuentes del PP conocedoras de la reunión, que las elecciones en la Comunidad Valenciana se celebrarán en mayo de 2011, "cuando tocan", ha asegurado el propio presidente de la Generalitat. "Y en Valencia, donde las elecciones serán en mayo de 2011...", han sido las palabras de Camps según la versión de las fuentes.

Sobre el motivo del cónclave, el recorte presupuestario del Gobierno, Rajoy, aunque sin estar de acuerdo con las medidas, ha dejado claro que la reducción del gasto es necesario en las Administraciones Públicas.

Por ello, los altos cargos del PP en las comunidades autónomas se bajarán el sueldo en la misma cuantía que los ministros, mientras que en los ayuntamientos el partido buscará el acuerdo con las demás fuerzas políticas para sacar adelante este ahorro.

Rajoy ha dicho que "la política económica requiere un plan que comprenda todas las medidas que hay que hacer, que fije objetivos y genere certidumbre", por lo que ha considerado necesario llevar al Parlamento las reformas económicas y "ganarse allí la mayoría".

Zapatero "ha liquidado" el Pacto de Toledo

En referencia a las pensiones, ha asegurado que el PP no va a apoyar una congelación de las mismas, por lo que ha anunciado que su formación presentará mociones en todas las comunidades autónomas exigiendo que se cumpla el Pacto de Toledo, un acuerdo que "Zapatero ha liquidado". Por esa razón, ha señalado que van a pedir una reunión en el Congreso de la Comisión del Pacto de Toledo.

El líder popular ha comentado que hay partidas en los presupuestos que se pueden recortar sin que haya que congelar las pensiones, y ha puesto como ejemplos: la reducción de 400 millones en cooperación al desarrollo o los 470 millones en la supresión de la enmiendas que el Gobierno aceptó para que le aprobaran los PGE, unas "enmiendas de campanario producto de cambalaches del Gobierno con otros grupos", ha dicho.

Ha añadido que hay 292 millones para subvenciones a empresarios, a partidos políticos y sindicatos que se pueden reducir, así como otras subvenciones similares en las autonomías.

También se puede reducir el gasto en las televisiones públicas, ya que "hay muchas que gastan mucho, empezando por TVE" y ha puntualizado que "se debe reducir el 25% de los altos cargos de la administración central del Estado", además de suprimir la vicepresidencia tercera del Gobierno, los Ministerios de Igualdad y Vivienda, y fusionar Trabajo y Sanidad, así como Educación y Cultura.

Rajoy ha asegurado que "la posición de Zapatero es la de una persona que se ha enrocado" porque "es un Gobierno que ha abdicado y dimitido de sus responsabilidades pero que no se va", y por ello, le ha pedido que aclare en el Congreso si habrá más decretazos o si subirá los impuestos.

En relación a la rebaja de sueldo de los empleados públicos, ha dicho que esta medida "además de injusta es perjudicial", porque su aplicación, más la prevista subida del IVA, provocará que descienda el consumo.

Por todo ello, Rajoy ha acusado al Gobierno de estar "bajo sospecha y en estado de vigilancia", de "improvisar y tomar medidas aisladas" como un "decreto ley" de reducción de gasto público que "es improvisado, impuesto, injusto e insuficiente" porque "no sirve para la recuperación económica y la creación de empleo".