El juez Pérez reprende a los abogados por intentar anular el juicio de Malaya

La estrategia de los letrados de la defensa del Caso Malaya está dando mucho que hablar. Durante esta semana, en la sala I de la Audiencia Provincial de Málaga, se ha escuchado de todo con el fin de conseguir que se revoquen los  autos de procesamiento y se archiven las causas procesales. Para ello no han escatimado ningún tipo de estrategia ni de pudor, y no han dudado en inculpar de todo a un muerto, Jesús Gil, que para eso “ha desaparecido del mapa” y no puede hablar.

 

Antonio Urdiales, abogado de Rafael Gómez, Sandokán, arengaba en su alocución que “hay un barco que va de Port Marbella a Port Audiencia y no puede durar más de cuatro años porque puede haber problemas, y el barco ha zozobrado”, criticando de esta manera la lentitud del  proceso, así como el desarrollo de la instrucción.

Las defensas han acudido en tropel al juez Óscar Pérez para solicitar la nulidad del proceso. Uno de ellos incluso se ha atrevido a denominar al informe policial de la Operación Malaya como el 'Oráculo de Delfos'.

A pesar de esta insistencia, el juez del 5 no se cansa de repetir a un letrado y otro que no “no es el momento procesal oportuno para pedir la nulidad de las actuaciones”. Ahora, tras la revisión de los recursos por la Audiencia Provincial de Málaga, los informes vuelven de nuevo al Juzgado de Instrucción Número 5 de Marbella. El juez tendrá que determinar quién sigue imputado y quién se queda fuera de “las cuerdas judiciales”.

Dentro del proceso aún se están instruyendo las piezas separadas y, según el Consejo del Poder Judicial que prorrogó la estancia de Óscar Pérez en esta plaza de Marbella seis meses más, el magistrado tendría cuatro meses desde ahora para concluir el sumario de uno de los casos que más ríos de tinta ha levantado en los últimos años.

Tres días antes del juicio pedirán la nulidad

Según ha podido saber El Confidencial de fuentes judiciales, tras las conclusiones del sumario y con la señalización del juicio a tres días vista, las defensas se han puesto de acuerdo para pedir formalmente, a través de un escrito, “la nulidad de este absurdo juicio nutrido simplemente de  informes policiales en los que no se aporta ninguna prueba”, asegura uno de los letrados a este periódico.

El abogado Jorge Mancilla se pregunta: “¿Por qué no hay un solo técnico de urbanismo imputado en el caso Malaya?”. Por otro lado, el letrado de Juan Antonio Roca, José Aníbal Álvarez, ha asegurado que quien diseñó el PGOU y la moción de censura que desbancó a Julián Muñoz de la Alcaldía de la localidad fue Jesús Gil, sin cuyo visto bueno "no se movía nada" en el Consistorio.

Los letrados que han recurrido el auto de procesamiento en las vistas de esta semana han argumentado que “la mayoría de las acusaciones en las que se fundamentan los autos son el resultado de las declaraciones bajo presión que prestaron los detenidos tras permanecer 72 horas arrestados antes de comparecer ante el juez. Todos, con tal de no ingresar en prisión, fueron dando confesiones interesadas”.

Es el caso del defensor Juan Carlos Rivera, quien aseguró que la concejala Carmen Revilla se autoinculpó "por miedo psicológico" y porque pudo comprobar que ésta era la única vía "para eludir la prisión". El abogado abundó en la línea de defensa al sostener que no solo su defendida fue la única que sufrió esta presión. También le sucedió a Francisco García Lebrón, directivo de la promotora Aifos, que mientras "esperaba el coche policial" para ser trasladado a la cárcel, pidió volver a declarar ante el magistrado Miguel Ángel Torres, "rectificar su declaración y  salir en libertad bajo fianza".