El PP solicita a Blanco las modificaciones de licitaciones de Fomento por posibles irregularidades

El Partido Popular tiene la sospecha de que se están produciendo irregularidades en muchas de las actuales licitaciones del Ministerio de Fomento, razón por la cual ha solicitado al departamento que dirige José Blanco “una relación detallada de todos los modificados realizados en aquellas obras del sector público estatal cuyo presupuesto de licitación sea superior a los 12 millones de euros a lo largo de la presente legislatura”.

 

Esta petición se incluye dentro de una moción consecuencia de interpelación relativa a las obras de ampliación del puerto de El Musel, en Gijón, en el que el PP ha encontrado indicios de irregularidades que se manifiestan en un desorbitado incremento de la financiación, en torno al 50%, que ha puesto en peligro la ayuda que presta la Unión Europea a través de los fondos de cohesión y una línea de financiación del BEI.

De hecho, consciente de que la amenaza de pérdida de esa financiación es real, el propio Ministerio ha respondido a la amenaza lanzada desde Bruselas señalando que será la Autoridad Portuaria la que asuma el coste de la desviación económica en forma de préstamo a un cómodo y largo periodo de carencia. Para el PP, en la actual circunstancia de crisis económica es muy difícil que se cumplan las expectativas sobre esta obra.

Depurar responsabilidades

En su moción el PP pide que se aclaren estos extremos, que se depuren las responsabilidades “políticas, administrativas y, en su caso, penales que se deriven de tales irregularidades” y, este es el quid de la cuestión, que se le remitan los modificados del resto de licitaciones arriba mencionadas, dado que el PP sospecha que situaciones como la del puerto de El Musel se repiten en otras muchas obras licitadas por Fomento.

De hecho, el PP no tiene intención de quedarse en esta exigencia, sino que, si es necesario, tiene la voluntad de reclamar estos modificados obra por obra, y denunciar las irregularidades que se hayan podido cometer y que, de ser así, podrían tener consecuencias penales, además de suponer un importante quebranto económico ya que, en muchos casos, se están produciendo retrasos muy importante en los pagos por parte de la Administración.