La policía da por hecho que jamás se recuperará la fortuna evadida por Correa

Ni la policía ni los jueces han podido aún cuantificar el volumen de la fortuna que Francisco Correa evadió durante años a través de su tupida y corrupta red empresarial. Y es más que probable que, aunque llegue a conocerse, el dinero nunca se recupere.

Fuentes policiales consultadas por El Confidencial aseguran que los beneficios que el presunto cabecilla de la trama Gürtel amasó gracias a su connivencia con dirigentes del PP se ocultan en al menos una docena de paraísos fiscales, cuyas autoridades se niegan a colaborar con la justicia española para devolver el botín.

El juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), dictó ayer un auto en el que, además de levantar parcialmente el secreto del sumario, constata el escaso fruto obtenido por las 15 comisiones rogatorias -solicitudes de ayuda a jueces de otros países- que ha cursado hasta la fecha a otros tantos paraísos fiscales, y lamenta la falta de "colaboración" de sus autoridades.

Pedreira admite de forma implícita en su auto que, mientras esa colaboración no se produzca, la investigación no podrá avanzar, ya que muchas de las diligencias judiciales aún pendientes no pueden practicarse si antes no se dispone de esa información.

"Tal vez se recupere, en el mejor de los casos, una pequeña parte del dinero que Correa sacó de España. Pero los millones, seguramente más de 50, que transfirió desde sus empresas a cuentas en el extranjero se pueden dar por perdidos, porque ni las autoridades ni los bancos de esos paraísos fiscales están dispuestos a echar una mano. Y mucho menos a devolver el dinero", sostiene una de las fuentes policiales consultadas.

Doble reto

El reto al que se enfrenta Pedreira para desenmarañar la madeja de blanqueo de capitales tejida por Correa y sus compinches es doble. Por un lado, localizar dónde está el dinero. El juez cuenta para ello con la ayuda de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía, que analiza minuciosamente la contabilidad del entramado empresarial de la red corrupta, examina los datos que le suministra la Agencia Tributaria y, sobre todo, sigue la pista a la valiosa información facilitada a Pedreira por dos de los imputados que han aceptado colaborar con la justicia: Arturo Gianfranco Fasana y José Ramón Blanco Balín.

El primero, de nacionalidad suiza, es uno de los intermediarios financieros que utilizó Correa para evadir decenas de millones. Fasana, que fue detenido el pasado mes de mayo en el aeropuerto de Barajas, confesó al juez que dos de sus empresas, Rhone Gestión y Cibon Invest -dedicadas a la gestión de grandes fortunas-, colocaron en bancos suizos una parte del botín. Blanco Balín, ex consejero delegado de Repsol y miembro del consejo de administración de varias de las empresas de Correa -entre ellas Hator Consulting, Osiris Patrimonial e Inversiones Kintimany-, es otro de los presuntos blanqueadores del dinero de la trama.

Las confesiones de Fasana y Blanco Balín han permitido a la policía seguir el rastro de grandes cantidades de dinero evadidas por Correa y depositadas en cuentas bancarias de Suiza, Panamá, Mónaco, las Islas Vírgenes, las Antillas Holandesas o las Islas Caimán, entre otros paraísos fiscales. Pero el segundo reto que afronta Pedreira, hasta ahora sin ningún éxito, es que las autoridades de esos países y territorios colaboren con la justicia española para facilitar información y recuperar lo defraudado por la trama corrupta.

"Las listas negras y las amenazas de sanciones no han servido de mucho hasta ahora", reconoce una de las fuentes policiales consultadas. "Es cierto que ha habido algunos progresos, como en Suiza, que es el único país que ha roto, aunque sólo en parte, su opacidad bancaria. Pero la falta absoluta de transparencia sigue siendo la norma en casi todos los paraísos fiscales. Y mientras no haya una verdadera voluntad política de acabar con ellos, las amenazas del G-20 serán inútiles".