El Congreso rechaza que las prostitutas coticen como autónomas y paguen impuestos

Los partidos políticos han vuelto a enredarse en la madeja del eterno debate sobre si abolir o regularizar el ejercicio de la prostitución. Una polémica casi tan vieja como el propio sexo de pago, y que ayer, como ha ocurrido en democracia desde la noche de los tiempos, se cerró de nuevo en falso.

El Congreso rechazó a última hora de la tarde, por aplastante mayoría, una moción de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a favor de incluir a las prostitutas en la Seguridad Social dentro del régimen especial de trabajadores autónomos o de empleados del hogar. ERC proponía que las prostitutas, como cualquier colectivo de trabajadores, paguen impuestos, y que éstos reviertan en las comunidades autónomas para financiar la inserción laboral y social de aquéllas.

Los independentistas catalanes pretendían que esas medidas se apliquen únicamente a las trabajadoras del sexo que ejercen la prostitución de forma voluntaria, y reclamaban a la vez una reforma del Código Penal que castigue la trata de seres humanos para su explotación sexual. El diputado Joan Tardá, que defendió la moción, aseguró que la prostitución, si se ejerce libremente, es "un trabajo que no atenta contra los derechos de nadie". Y añadió que la actual situación de alegalidad en que se desarrolla esta actividad supone una "doble criminalización" de las mujeres.

La derrota de la propuesta de ERC estaba cantada de antemano. Porque, aunque los portavoces de todos los grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad de acabar con la explotación sexual de la mujer, cada uno defendió sus propias recetas para alcanzar ese objetivo, un auténtico tutti-frutti de buenas intenciones cuya efectividad, sin embargo, resulta ciertamente dudosa.

Estudios, campañas...

El PSOE, por ejemplo, apostó por "elaborar estudios que permitan conocer con mayor precisión las dimensiones de este fenómeno", aunque la portavoz socialista de Igualdad, Carmen Montón, certificó con sorprendente exactitud -pero sin citar sus fuentes- que "uno de cada cuatro varones en España ha comprado sexualmente a una mujer". CiU propuso que se apliquen "medidas de protección social" a las mujeres que decidan abandonar la prostitución -si bien no citó ninguna-, y su portavoz, Mercé Pigem, concluyó, sin temor a equivocarse, que "las soluciones seguro que no son sencillas". Y el PP defendió, entre otras iniciativas, que se promuevan campañas de sensibilización con el fin de provocar una "repulsa social generalizada" hacia el comercio sexual, que, según la portavoz popular, Eva Durán, se reduce básicamente a "un problema de orden público".

Ni siquiera hubo acuerdo en un punto que, a priori, suscita unanimidad entre todas las fuerzas políticas: el rechazo a los anuncios de prostitución y contactos en los medios de comunicación. Mientras ERC o el PNV exigían prohibir ese tipo de publicidad -salvo en "publicaciones relacionadas con el sexo"-, el PP simplemente animaba a los periódicos a que se "planteen la renuncia" a incluir esos anuncios en sus páginas.

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ya advirtió la semana pasada que regular la prostitución, como pretende ERC, sería tanto como legalizar la explotación. Y Montón, la portavoz socialista, recordó ayer a los republicanos catalanes que el 90% de las prostitutas de nuestro país son inmigrantes irregulares que alquilan su cuerpo de manera forzada, por lo que, a su juicio, "no se trata de regular derechos laborales, sino de proteger derechos humanos". Sin embargo, todos los grupos de la oposición recriminaron al PSOE el retraso en la aplicación del plan integral para combatir la trata de seres humanos y su explotación sexual, aprobado en diciembre del pasado año y que, por ahora, es un catálogo de buenos propósitos.