Los primeros escándalos sacuden a Núñez Feijóo seis meses después de llegar a la Xunta

Apenas cuatro meses después de tomar posesión como presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo se enfrenta a sus primeras decisiones polémicas. Dos altos cargos que acaban de arribar a su Ejecutivo han sido cuestionados y, para colmo, ha guardado para la época estival varias docenas de adjudicaciones polémicas que no eran urgentes, y que han levantado sombras de sospecha por la inoportunidad de las mismas.

El primero en ser criticado fue el director de la Agencia Gallega de Industrias Culturales (Agadic), Juan Ramón Fernández Fasero. El nuevo alto cargo tomó posesión de su cargo a principios del mes de julio. El 22 del mismo mes, su empresa Zouma Producciones recibía 18.000 euros en tres subvenciones. Cinco días después, la vendía. Fuentes cercanas a la administración autonómica señalan que en la concesión de las ayudas no hubo ninguna irregularidad, ya que esta empresa es una de las principales discográficas gallegas (entre otras, representa a la artista Cristina Pato) y había tenido ayudas públicas todos los años, incluso con el bipartito (PSdG y BNG) en el poder. En realidad, pues, según las mismas fuentes, Fernández Fasero no formó parte de la junta de evaluación y cuando llegó a su actual cargo se encontró ya con los expedientes cerrados.

Fasero había sido vicepresidente de la Asociación Gallega de Empresas Musicales y secretario de la Asociación Gallega de Productoras fonográficas. Pero su trayectoria empresarial también está empañada por un episodio polémico: una de sus empresas, Talleres de Ilusión Editorial, de la que fue administrador hasta el año 2006, tiene una reclamación de Hacienda. Tras varios intentos de cobrar, el fisco publicó su nombre en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de abril del 2008: era buscada por la Unidad de Recaudación de Deudas de Menor Cuantía debido a un expediente que tenía abierto.

La segunda piedra en el zapato de Núñez Feijóo fue la de la directora general de Formación y Colocación, Ana María Díaz López. Este mismo mes de agosto, un juzgado de lo social de Ferrol la condenaba en firme por haber despedido a una trabajadora que no tenía contrato: la empleada trabajaba en su casa particular por las mañanas y como cocinera en la empresa familiar que tiene la concesión del bar de la estación de autobuses de la ciudad de Ferrol, por las tardes. Según la sentencia, que no ha sido recurrida, la propia Ana María Díaz despidió a la trabajadora, lo que demostraba su implicación directa en la contratación de la empleada. No fue el único problema que tuvo Díaz, ya que otra trabajadora interpuso otra demanda judicial similar a la primera por la que fue ya condenada. La directora general se escondió durante todo el mes y evitó hacer declaraciones. Fuentes de la propia consejería declinaron comentar el tema pese a la insistencia de El Confidencial.

Justificaciones de la Xunta

Paralelamente, toda la Xunta salió en su defensa, obviando que la sentencia era firme,  especialmente la consejera de Trabajo, Beatriz Mato. Todos menos la interesada. "Es de una caradura inmensa, -manifestó a El Confidencial Mar Barcón, portavoz del Partido Socialista de Galicia (PSdG-PSOE)-. Ésa debe ser la regeneración democrática que prometía Núñez Feijóo en su campaña". El culebrón, que haría las delicias de Valle Inclán, se adornó con las excusas más variopintas por parte de los responsables del PP y de la Xunta: desde la afirmación oficial del Gobierno autonómico negando los hechos, hasta las posteriores disculpas sobre que no había sido condenada pero que se le haría cargo de indemnizar a la trabajadora, si la empresa de su familia no lo hacía, pasando por el colofón puesto por Antonio Rodríguez Miranda, portavoz del PP de Galicia, asegurando que el juez había confundido a la directora general con su madre. “Sólo hay que cambiar el orden de un apellido para que se cree esta confusión”, afirmó el dirigente popular.

La sentencia, sin embargo, no deja lugar a dudas: “Deben responder de modo solidario la sociedad civil y sus componentes Edelmiro Díaz Rodríguez e Infante Díaz López como titulares empresariales de la relación laboral y también Ana María Díaz López por serlo junto con Infante de la de empleada del hogar”, dice el texto. Y, para más inri, especifica que “la solidaridad afecta a la sociedad civil y a cada una de las otras tres personas físicas, pues crearon la confusión jurídica y material de esas dos relaciones laborales siendo beneficiarios y organizadores de ambas”. Es decir, que reprocha a los condenados las trampas que pusieron durante la instrucción del caso. El PP también se abonó a las tesis de la confusión y solicitó al magistrado, en un último intento de deslegitimar el fallo, que aclarase la sentencia, cuando los términos de ésta eran claros y concretos sobre los responsables del conflicto laboral.

La Confederación Independiente de Galicia (CIG), que defendió a las trabajadoras, pidió públicamente la dimisión de la directora general. Francisco Cartelle, miembro de la ejecutiva confederal del sindicato, explicó que el juzgado envió una copia de la sentencia a la inspección de Trabajo y “ahora será, en buena lógica, la propia consejería de Trabajo de la Xunta la que deba explicar la correspondiente sanción por falta grave”. Tras el paréntesis vacacional, se sabrá si la consejera está dispuesta a sancionar a la directora general que ella misma nombró y a sus familiares.

Adjudicaciones ‘de tapadillo’

Otra cosa son las adjudicaciones concedidas de tapadillo durante el mes de agosto. Adjudicaciones millonarias sobre asuntos que no son urgentes han desatado recelos en círculos políticos. La consejería de Medio ambiente, Territorio e Infraestructuras, por ejemplo, adjudicó obras por valor de unos 40 millones de euros durante este mes de agosto. Lo curioso del caso es que dichas adjudicaciones se realizaron por el procedimiento “negociado sin publicidad”. La consejería de Trabajo también adjudicó en plenas vacaciones obras en centros que gestiona ella misma por valor de unos dos millones de euros. Igual que Medio Ambiente, todas las adjudicaciones se realizaron sin publicidad.

La consejería de Hacienda también puso su grano de arena en la feria de las adjudicaciones: el 30 de julio adjudicaba provisionalmente los “trabajos de apoyo a la dirección general de la Función Pública en la organización de pruebas selectivas” a la fundación Semana Verde de Galicia, un organismo semipúblico que no tiene constituido aún el patronato pero con importantes aportaciones de la propia Xunta y de la Diputación de Pontevedra. La Fundación, no obstante, recibirá 506.418,46 euros por su trabajo. El pasado 27 de agosto, la Xunta adjudicaba definitivamente el contrato.

Al margen de las adjudicaciones, también se sacó en pleno mes de agosto la licitación de la campaña publicitaria del Xacobeo del año próximo, con la particularidad de que dicha licitación no se hizo en el Diario Oficial de Galicia, sino en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), según desveló el diario Xornal de Galicia a mediados de mes. Y ello a pesar de que, como señala Mar Barcón a este diario, “sólo es preceptiva la publicación en este boletín si la licitación supera los 5 millones de euros”. Como quiera que el programa que va a concurso no llega ni de lejos a esa cantidad, no sería necesario llevarlo “en exclusiva” al DOUE. Además, teniendo en cuenta que falta casi un año para el Xacobeo, no se puede hablar de urgencia en la tramitación del concurso.

Según el Xornal, el presupuesto de la campaña es de 625.000 euros más IVA y el objeto es el servicio “de desarrollo de creatividad y ejecución de la campaña de publicidad genérica en medios de comunicación del evento Xacobeo 2010”. La fecha límite de presentación de las propuestas es el próximo 29 de septiembre. Luego, tendrán un larguísimo periodo para planificar la campaña del 2010.