Cataluña maniobra para ganar autonomía pese a una posible sentencia contraria del Constitucional

“Acataremos la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley Orgánica del Estatut d'Autonomia de Cataluña, pero esta norma la acabaremos desarrollando”. Así se pronunció esta semana el portavoz del gobierno tripartito catalán (PSC, ERC e ICV), el ecosocialista Joan Saura, en un movimiento previo a la inminente presentación de una sentencia motivada por el PP y que lleva dos años transmitiendo incertidumbre a los partidos políticos catalanes.

Saura quiso decir que Cataluña seguirá ganando competencias propias, a pesar de lo que dicte el Alto Tribunal. El nuevo texto estatutario, aprobado por el Parlamento catalán y las Cortes, es la columna vertebral sobre la que la mayoría de los partidos catalanes (salvo el PP y Ciudadanos) considera indispensable para mejorar la competitividad, la financiación y el nivel de vida de las personas residentes en Cataluña. La parálisis que desde Madrid se quiere impregnar al Estatut catalán contrasta con la velocidad de crucero que desde el gobierno catalán se quiere hacer cumplir esta norma desplegando todo lo acordado antes de que se pronuncie el Tribunal Constitucional. El ejecutivo que preside el socialista José Montilla se apresura para que antes de las elecciones autonómicas de 2010 se vayan cumpliendo los traspasos previstos en el Estatut. ¿Qué se ha traspasado ya a Cataluña? ¿Qué competencias quedan pendientes para que Cataluña gane más autonomía?

La nueva financiación y traspasos como el de los trenes de Cercanías de Renfe elevan el nivel de autogobierno catalán. A la maquinaria estatutaria, cuyo engrase corresponde tanto a la Generalitat como al Estado, le costó arrancar y, cuando lo hizo, su velocidad era muy lenta. La financiación -con un año de retraso-, el traspaso de Cercanías y leyes tan importantes como la transferencia de la Educación (también ligada a la imposición del catalán como lengua vehicular en la escuela y la reducción de una hora semanal del castellano en los centros públicos) son los ejemplos más representativos de los logros que Cataluña ha conseguido a partir del Estatut. También sobresalen las inversiones del Estado en infraestructuras en Cataluña durante siete años. En el capítulo de leyes, hay que citar la Ley de Educación, la Ley de Fosas y la Ley del Consejo de Garantías Estatutarias, un órgano que no sólo será consultivo sino que dictará doctrina sobre las normas que apruebe el Parlamento catalán, lo cual ha hecho que el PP lo tache de “Tribunal Constitucional catalán”. Todas estas normas han emanado de la Cámara catalana con el progresivo despliegue del Estatut actual.

En los primeros tres años de la Ley Orgánica estatutaria se han materializado una veintena de traspasos. El más importante en cuanto a afectación de miles de ciudadanos que cada día se mueven en tren para ir a trabajar o desplazarse al área metropolitana de Barcelona es el de la gestión de Cercanías, que, sin embargo, no entrará en funcionamiento hasta el 1 de enero de 2010. La otra transferencia más significativa es la de la Inspección del Trabajo que, aunque está pactada, no se concretará hasta marzo de 2010. La Generalitat será competente para realizar inspecciones de trabajo y controlar y emitir los tipos de contratos laborales.

Además de la adaptación de 28 leyes estatales -la del CGPJ, la del Banco de España y la del Tribunal de Cuentas, entre otras-, la Generalitat ha fijado como prioritaria la gestión compartida del aeropuerto de El Prat en la que Cataluña aspira a tener una “postura determinante”. En la gestión del que pretenden impulsar como el sexto aeropuerto de Europa y que tenga vuelos transoceánicos sin hacer escala en Madrid participarán las cámaras de comercio, los ayuntamientos, la Generalitat y un grupo de empresarios catalanes.

En cuanto a traspasos menores ya transferidos a la gestión de la Generalitat destacan la titularidad del Observatorio Meteorológico del Turó de l'Home, otorgar autorizaciones de trabajo para inmigrantes y definir su propia política de ayuda y desarrollo al sector industrial.

Competencias pendientes

Las competencias que Cataluña espera desarrollar en esta legislatura, a pesar de lo que diga la sentencia del Tribunal Constitucional (tal y como asegura el actual gobierno tripartito) se desglosan en ponencias en trámite y leyes autonómicas pendientes. En cuanto a las ponencias en trámite quedan por traspasar a la Generalitat la ordenación del sector pesquero y actividades marítimas, la titularidad propia de las bibliotecas provinciales del Estado, la concesión de becas y ayudas para estudios universitarios y no universitarios, el registro de las gestoras digitales (TDT) y el seguro escolar.

En lo que se refiere a las leyes autonómicas pendientes de impulso por parte del Parlamento catalán, según lo que estipula el Estatut, quedan la ley del defensor del Pueblo catalán (síndic de greuges), elaborar la nueva Ley Electoral catalana, establecer una norma sobre consultas populares y referendos, Ley sobre Infancia y Adolescencia, Ley de Pesca y acción marítima, crear la Agencia Catalana de la Inspección de Trabajo y una nueva ley sobre Acogida de Inmigrantes y la de los Consejos de gobiernos locales.