La Fiscalía Anticorrupción recurre la absolución de Alierta

La Fiscalía Anticorrupción comunicó hoy al Tribunal Supremo la interposición de un recurso contra la sentencia del caso Tabacalera, que absolvió al presidente de Telefónica, César Alierta, por la prescripción del delito de uso de información privilegiada que cometió en 1997. Según fuentes jurídicas, el Ministerio Público señala en el escrito remitido al alto tribunal que no comparte la sentencia por la existencia de una infracción de ley, relativa a la aplicación del plazo de prescripción del delito.

La Fiscalía Anticorrupción recibió ayer vía libre por parte de la Fiscalía General del Estado para recurrir en el caso Tabacalera, durante una reunión mantenida entre los máximos responsables, Antonio Salinas y Cándido Conde-Pumpido, respectivamente.

La Fiscalía Anticorrupción rechaza el argumento de la Audiencia Provincial de Madrid de considerar prescrito el delito al argumentar que habían transcurrido más de cinco años desde la materialización del delito cuando el juez de instrucción decidió admitir a trámite la querella interpuesta por una asociación de consumidores.

Los magistrados de la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid se decantaron así por la teoría del Tribunal Constitucional de atender a la admisión a trámite como momento de interrupción de la prescripción, en vez de la fecha de interposición de la querella, como viene sosteniendo el Tribunal Supremo, y que apoya mayoritariamente la Fiscalía.

Otro de los argumentos del recurso, que se presentará oficialmente en unos meses, es que los magistrados que absolvieron a Alierta deberían haber aplicado el plazo de prescripción de 10 años del subtipo agravado del delito de uso de información privilegiada, conforme a lo establecido por el Supremo en un pleno de 2008.

Ese subtipo agravado se aplica, por ejemplo, en los casos en los que la conducta haya afectado a los intereses generales, como argumentaba el Ministerio Fiscal, que consideraba que la conducta de Alierta y de su sobrino quebró la confianza de los ciudadanos en el mercado y la igualdad de oportunidades de los inversores.