Presiones internacionales a España para que 'ate en corto' a sus jueces estrella

Desde 2005, la justicia española viene aplicando el principio de jurisdicción universal de forma intensiva en diversos procesos abiertos en todo el mundo. Los tribunales de Madrid acogen casos de dictaduras y represiones ocurridas en todo el mundo, y nuestros jueces se asemejan a justicieros dispuestos a actuar en cualquier lugar que precise un defensor. Sin embargo, esto podría cambiar en poco tiempo, debido a que los gobiernos de varios países están presionando al Ejectuvio nacional para que frene el alcance de dicho principio y ate en corto nombres como Baltasar Garzón o Santiago Pedraz.

El congreso aprobó ayer una resolución para limitar la jurisdicción de los magistrados españoles solamente a procedimientos que tengan una clara conexión con España y siempre y cuando el país en el que haya sucedido el caso no haya emprendido ninguna investigación al respecto. 

Según The Wall Street Journal, que se hace eco de esta medida, los seis jueces pertenecientes a la Corte Nacional que trabajan bajo el principio de justicia universal están llevando 13 casos que tuvieron lugar en sitios como Ruanda o Irak. Por poner dos ejemplos, Garzón se encarga ahora mismo de las acusaciones de abusos de Guantánamo y las torturas de la CIA y Pedraz ha imputado recientemente a tres funcionarios chinos por la represión en el Tibet. Para ello, ambos magistrados se acogen al principio de jurisdicción universal, que habla de la posibilidad de que cualquier tribunal del mundo pueda investigar, procesar y sentenciar a autores de delitos, en la mayoría de los casos de lesa humanidad.

Ahora, con esta resolución, los magistrados "sólo atenderán a casos que afecten a ciudadanos españoles o que la acusacion haya tenido lugar en suelo español", aunque todavía no se sabe si este cambio se aplicará a los casos ya abiertos o sólo a los futuros.

Más de un problema diplomático

Esta medida pretende aliviar el dolor de cabeza en el que se ha convertido la acción de algunos jueces para el gobierno de Zapatero. Sus decisiones han traído consecuencias perjudiciales en política exterior con el gobierno chino y el israelí, poniendo en peligro las relaciones con otros países. Las investigaciones de Garzón y compañía inquietan a muchos líderes extranjeros, y la fisura parece ensancharse cada vez más. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional española, Javier Zaragoza, afirmaba que el dichoso principio "se está convirtiendo en problema porque se está utilizando para abrir investigaciones sobre países que ya investigan los delitos... estamos creando problemas diplomáticos".

No es España el único país que aplica la justicia universal -también Francia, Alemania, Bélgica o Reino Unido se acogen a él-, aunque sí es el que lo interpreta más abiertamente. El hecho más emblemático por el que la jurisdicción universal española se dio a conocer fue cuando en 1998 el juez Baltazar Garzón ordenó detener en Londres al ex dictador chileno Augusto Pinochet. A partir de ahí, la búsqueda de justicia ha sentado en los banquillos de Madrid a diversos acusados foráneos, lo cual se ha tomado por los que apoyan el mantenimiento este principio como una forma de 'enaltecer' la justicia, ya que España hace justicia donde otros países sólo han ofrecido impunidad.

Por su parte, los más críticos aluden a que los jueces de la Corte deberían dedicarse a cerrar casos domésticos y dejar hacer a quien corresponda: tribunales universales como la Corte Penal Internacional.